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Tomado de Carta Económica
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La investigación de los casos de corrupción en los que se han visto involucrados expresidentes de El Salvador no sólo debe servir como “circo” de pocos, treat sino que debe trascender e investigarse a todos los funcionarios implicados en la defraudación de las arcas del Estado salvadoreño, para lo cual no sólo deben ver sus cuentas en los bancos del país y sus propiedades registradas en el CNR, sino que deben también ver las cuentas de sus familiares de hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad; además deben hacer dichas investigaciones igualmente en el extranjero en países conocidos como paraísos financieros como Suiza, Panamá, Brasil, Estados Unidos en Miami, Costa Rica, las Islas Caimán y en otros lugares, en los cuales también investigar cuentas en los Bancos, Propiedad en los sistemas o registros de la propiedad, propiedades de acciones nominales y al portador, etc. Hacer dichas investigaciones sólo en El Salvador significaría una burla para el pueblo salvadoreño.
La semana pasada nuevamente la Sección de Probidad 1 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sacó a la luz nuevos casos de posible enriquecimiento ilícito por parte de los expresidentes: Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena, a este último ha ordenado un juicio civil por el incremento injustificado de su patrimonio, $520 mil 629.74, mientras que en el caso de Saca queda pendiente si habrá o no juicio por los $6,574,445.40 que no ha justificado.
Asimismo, el día martes 16 de Febrero del año 2016, la Corte ha ordenado a la Sección de Probidad que realice auditorías a las declaraciones patrimoniales de toma y cese de funciones de Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, ambos también expresidentes de El Salvador, y a Salvador Sánchez Cerén cuando fungió como vicepresidente del país. En este sentido, sugerimos que también se investiguen a todos los ex vicepresidentes de Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.
Como es evidente, parece que la CSJ está haciendo esfuerzos por investigar posibles hechos de corrupción que se han dado en el pasado, por tanto, de nuevo sostenemos que no es pertinente ni necesario, que se cree la Comisión Internacional para el Combate a la Corrupción e Impunidad en El Salvador (Cicies), que sabemos es una acción que detrás está el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no obstante sí es urgente y necesario que también se investiguen a otros funcionarios que se han visto implicados en diversos casos de corrupción, así como a empresas privadas, a las AFP que se vieron involucradas en una denuncia de fraude en la recompra de unos Eurobonos, caso que se analiza en el presente artículo.
Con la instauración del modelo neoliberal en El Salvador, en el año de 1989, periodo en que la burguesía oligárquica llega al poder, se inicia un proceso de corrupción que se ha institucionalizado, esto es indiscutible, y se corrobora con los casos de corrupción que en los últimos años han salido a la luz, y queda claro que la denuncia que se hizo en el Manual de la Corrupción de ARENA (1989-2013)2 tiene total vigencia.
Hay que recordar que la corrupción en nuestro país ha sido una constante a lo largo de los últimos 25 años, lo cual ha permitido el enriquecimiento de la burguesía oligárquica del país y de las transnacionales radicadas en El Salvador. Es así que, mediante leyes amañadas que benefician y concuerdan con los intereses del gran capital y el dominio de las instituciones de la justicia (por parte de la derecha) se ha encubierto e institucionalizado la corrupción, legado que dejó ARENA en sus veinte años de gobierno, y que pareciera según la Sección de Probidad de la CSJ, continuó con el ex presidente Mauricio Funes.
En el año 2005 se da a conocer un hecho de corrupción sin precedentes, la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó diversas anomalías en el patrimonio (enriquecimiento ilícito) del ex presidente Francisco Flores (ya fallecido) y doce de sus funcionarios, cuyo monto asciende a más de 6 millones de dólares, cifra que sabemos es insignificante para las denuncias que sobre se han hecho en los diferentes medios y las voces que hablan de sus grandes inversiones en el exterior.
El proceso estuvo lleno de muchas irregularidades desde el principio, cuando José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad, remitió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia un informe donde detalla una serie de anomalías de funcionarios que ejercieron durante el periodo 1999-2004, es decir, durante la administración de Francisco Flores.
José Eduardo Cáceres solicitó al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño una lista de informes sobre las cuentas de varios exfuncionarios, pero los bancos protestaron y dijeron que esa información era secreta y que no la proporcionarían. Cabe señalar que en ese momento María Eugenia Brizuela de Ávila (excanciller de la República en el gobierno de Flores) era la presidenta del Banco Salvadoreño y, ella también aparecía dentro del informe elaborado por la Sección de Probidad.
En la lista figuraba el expresidente Francisco Flores, el ex secretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub, y el exministro de economía, Miguel Lacayo, entre otros.
El caso continuó y su desenlace fue que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, destituyó a Cáceres. Además la Corte decidió retirar a la Sección de Probidad la facultad de tener iniciativa en este tipo de investigaciones, iniciativa que quedó virtualmente en las manos del presidente de la CSJ y los magistrados del Pleno de la Corte3.
Sin duda, existen otros casos que aún no se conocen y es importante que se investiguen antes de que pasen los 10 años de prescripción del delito y que ya no se pueda hacer justicia, porque “cuando las instituciones son débiles y corruptas, o fácilmente corruptibles, la prescripción se vuelve un instrumento que favorece la impunidad”4. Asimismo se hace un llamado a reformar la ley primaria de la República para que no se prescriba el delito y así haya posibilidad de hacer verdadera justicia.
Como ya se ha denunciado, primero en el libro Atlas de la Pobreza y Opulencia en El Salvador5 y luego en el Manual de la corrupción de ARENA (1989-2013)6, los 20 años de gobierno de la derecha fueron aprovechados por la burguesía oligárquica para reconstruir su esquema de explotación y, por ende, de enriquecimiento y corrupción.
A continuación se presenta un análisis de otro caso de corrupción que concierne a los Eurobonos, los cuales también urge que se investiguen ya que constituye un enorme daño para la economía salvadoreña, por ende para las familias.
Insostenibilidad financiera de los Eurobonos
Como se ha tratado en trabajos anteriores, la economía salvadoreña se encuentra sustentada a partir de flujos de deuda. Esta dinámica, conjugada con los privilegios fiscales para las transnacionales y los montos de evasión y elusión del gran capital privado, se ha expresado en la incesante necesidad de financiamiento para la operación del aparato público, que antes de la dolarización se hacía con la emisión de Letes en colones.
Es en esta lógica que, luego del establecimiento de la dolarización en el año 2001, se recurre al financiamiento externo a partir de la emisión de bonos colocados en los mercados de valores, por la acumulación de Letes que tenía el Estado los cuales ya no podía seguir refinanciándolos en colones. Los bonos colocados poseen características singulares, en tanto son valores de deuda de largo plazo negociados en una moneda-divisa, en este caso dólares, en los que el Estado se compromete a pagar a inversionistas la cantidad nominal prestada al vencimiento, así como pagar los intereses en forma periódica a lo largo de la vida del bono, estos son los Eurobonos.
A diciembre de 2015, el saldo de la deuda de la emisión de Eurobonos era de 5,640 millones de dólares, lo que representa el 50.1% de los 11,255.4 millones de dólares de deuda del sector público no financiero (sin incluir la deuda de fondos de obligaciones previsionales). Las primeras grandes emisiones de Eurobonos se dieron entre el año 2001 y 2003, con un monto de 1,300 millones de dólares, en dos productos, los EUROSV2032 por 500 millones de dólares y los EUROSV2023 en dos tramos de colocación por 800 millones de dólares.
Este instrumento financiero posee una característica particular que lo vuelve atractivo en el corto plazo, pero se vuelve una trampa de endeudamiento para el emisor, en este caso el Estado salvadoreño, si los fondos frescos no son utilizados para inversiones de capital que permitan mejorar las finanzas públicas.
Dado que la totalidad del monto del bono se paga a maduración, el pago semestral que se realiza a los tenedores de Eurobonos se dedica completamente a intereses. La amortización final del bono, considerando los montos, se han cubierto, generalmente, con una nueva emisión de bonos. Es decir que la emisión de los Eurobonos plantea una estrategia de financiamiento relativamente barato, pero de implicaciones de muy largo plazo. Así, cuando una emisión de bonos se vencía en 2011 por un monto de 653.5 millones de dólares, se realizó una nueva emisión por el mismo monto con vencimiento a 2041.
De esta manera se expande el círculo de endeudamiento a partir de los mercados financieros y la emisión de Eurobonos. La posibilidad de financiamiento de corto plazo los hacen útiles para cubrir necesidades financieras inmediatas. Pero en el largo plazo, siendo montos tan grandes para las capacidades de la hacienda pública, estas emisiones se han convertido en un mecanismo de endeudamiento sin salida y una fuente de rendimientos constantes para inversionistas tenedores de bonos.
Así, una apuesta de financiamiento a partir de la emisión de Eurobonos necesita un constante aumento de los montos de emisión, si entre 2001 y 2003 fueron 1,300 millones de dólares, entre 2004 y 2009 el monto total de las emisiones asciende a 2,086.5 millones de dólares y entre 2009 y 2014, de 2,253.5 millones de dólares. Si la política de financiamiento no cambia, los plazos del vencimiento de los bonos pueden complicar los escenarios de liquidez del sector público.
El uso de este mecanismo de financiación se agudizó a partir de la emisión de bonos de 2001-2002. Los intereses y comisiones pagados por los Eurobonos fue de 2.33 millones de dólares para 1999, 19.88 millones en 2000 y 19.39 millones en 2001, para dispararse desde 2002 con un pago de 105.4 millones de dólares. Para 2014 se pagó más de 357.42 millones de dólares en cupones de bonos.
Las emisiones de los bonos se han realizado en el mercado primario de Luxemburgo, con tasas de cupón fijo entre 5.875% y 8.25% y los plazos varían entre los 10 y 30 años. Entre los administradores más frecuentes de los Eurobonos emitidos son Citigroup, JP Morgan, Credit Suisse First Boston y Deutsche Bank Securities. El vencimiento más cercano de la emisión de bonos es a 2019, por un monto de 800 millones de dólares. La última emisión es del 2014 con un monto de 800 millones de dólares con vencimiento a 2027.
Con la estructura de administración de los Eurobonos, el cupón fijo semestral implica que al vencimiento de los bonos se habrán pagado 9,351.6 millones de dólares en intereses, sin que haya ninguna reducción del capital principal, de modo que la deuda de 5,640 millones seguirá intacta. Es decir que se debe pagar más por los intereses devengados que por el principal prestado. Al 30 de enero de 2016 se han pagado 3,168.25 millones de dólares en intereses de los bonos vigentes.
De los Eurobonos emitidos entre 2002 y 2003 ya se ha pagado, solamente en concepto de intereses, un monto mayor a la deuda nominal contratada y todavía faltan ocho y trece años respectivamente, de acumulación de pago de intereses antes de la fecha de maduración. Es decir, que durante los próximos años seguiremos pagando por la rentabilidad de unos cuantos inversionistas sin que el monto principal de la deuda se vea reducida, aun cuando lo pagado ya excede el monto contratado. A una situación similar se acercan los Eurobonos emitidos entre 2004 y 2006, de los que ya se han pagado más de tres cuartas partes de la cantidad contratada, solamente por concepto de intereses.
La negociación en mercado primario en Luxemburgo permitió que las emisiones salieran al mercado a descuento, compradas por inversionistas privados para luego negociarla en el mercado secundario salvadoreño a un valor arriba del par. En este segunda negociación, los compradores eran los fondos de pensiones, de modo que el sobreprecio generado por la intermediación de estos inversionistas generaba una salida pago de parte de los ahorros de los cotizantes. Esta práctica recurrente en las emisiones anteriores a 2009 implica un monto por diferencial de precio de 141,824,905 dólares.
En el contrato de emisión de bonos se establece que el Estado salvadoreño debe enfrentar las obligaciones financieras adquiridas con la emisión y en caso de no poder pagar los cupones o los principales al vencimiento, el FMI funcionará como garante de la obligación. Así, el FMI establecería las condiciones para un préstamo al Estado salvadoreño para que los flujos de efectivo sirvan para pagar los valores en el mercado bursátil.
Un acuerdo de esta naturaleza ya hemos observado la forma en la que opera. En 2009, el FMI acordó con el gobierno salvadoreño unos fondos Stand-by como medida precautoria a la falta de liquidez del sector público. Para tener posibilidad de contar con dichos fondos, el gobierno se vio obligado por las autoridades del FMI a un programa de recortes en su política social, principalmente en las estructuras de subsidios y una meta de déficit fiscal inferior al 3% del PIB.
En un contexto que las expectativas de la tasa de interés de referencia estadounidense están al alza una salida de este tipo implicaría, además de las condicionalidades propias del FMI, un préstamo con tasas de interés altas, esto es, un mayor pago por el servicio de la deuda a futuro. Estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso Estadounidense dan cuenta de una tasa de 3 meses al 4% y para 10 años a 5.9%. Con una prima de riesgo de El Salvador con respecto a Estados Unidos de 452 puntos básicos, el costo financiero de un préstamo del FMI, bajo tasas de mercado, podría oscilar entre 8.52% y 10.52%.
Sin embargo, si se plantea una alternativa de recompra de bonos, el contexto de aumento de tasas de interés puede impulsar una baja del precio de los bonos. En el gráfico siguiente se muestra el precio promedio ponderado de las emisiones de eurobonos de El Salvador (exceptuando la última emisión) y la relación con la tasa de referencia LIBOR USD a 6 meses. La relación inversa entre el precio de los bonos y la tasa es explicada en tanto al incrementar las tasas de interés estadounidenses los capitales verán más atractivo invertir en esos mercados y la demanda de bonos tendería a disminuir. Con las estimaciones de los movimientos de las tasas de interés se podría esperar que el precio de los eurobonos alcance un rango entre el 85.92% y 74.49%, lo que significa una recompra de los bonos por un rango de monto entre 4,158.26 millones de dólares y 3,605.48 millones una deuda nominal de 4,839.96 millones de dólares (sin tomar en cuenta la última emisión de 800 millones).
Además, los contratos de deuda traspasan la jurisdicción contractual a juzgados en New York, suprimiendo los parámetros de soberanía nacional. El Estado por su parte, renuncia a entablar cualquier proceso de reclamación por los Eurobonos emitidos o procesos suscitados con inversionistas, así como también renuncia a la capacidad de apelar a fallos generados en los tribunales de New York de parte de inversionistas. El contrato establece que cualquier reestructuración de las obligaciones es objeto de uniformidad de condiciones con todos los inversionistas, la cláusula pari passu, que le dio la entrada a los capitales buitres en Argentina.
De lo anterior, podemos decir que el mecanismo de funcionamiento de los eurobonos es financieramente insostenible. Cada colocación implica un pago periódico solo de intereses, mientras los montos de la colocación suman al acumulado de deuda. Esto implica un continuo gasto financiero estéril que desvía recursos que el Estado debería utilizar en el desarrollo de las fuerzas productivas.
Los eurobonos son una salida fácil de financiamiento en el corto plazo, porque inyectan buenas cantidades de efectivo. Sin embargo, siendo los pagos no amortizables, los bonos a maduración requieren una fuerte salida de efectivo de parte del Estado, que generalmente se cubre con una nueva emisión, sin que este nuevo endeudamiento se traduzca en beneficios a la población, sino que alimenta las esferas financieras rentistas y especulativas, nacionales y transnacionales.
Los Eurobonos son uno de los instrumentos de mayor costo financiero. Por un monto de obligaciones totales de 5,639.9 millones, el Estado debe pagar 9,351.6 millones solo de interés. Es decir que se pagará casi el 200% de la deuda en intereses.
En el contrato de emisión de bonos se establece que el Estado salvadoreño debe hacer frente a las obligaciones financieras adquiridas con la emisión y en caso de no poder pagar los cupones o los principales al vencimiento, el FMI funcionará como garante de la obligación. Con una prima de riesgo de El Salvador con respecto a Estados Unidos de 452 puntos básicos, el costo financiero de un préstamo del FMI, bajo tasas de mercado, podría oscilar entre 8.52% y 10.52%.
Si se plantea una alternativa de recompra de bonos, el contexto de aumento de tasas de interés puede impulsar una baja del precio de los bonos. Con las estimaciones de los movimientos de las tasas de interés se podría esperar que el precio de los eurobonos alcance un rango entre el 85.92% y 74.49%, bajo condiciones de mercado.
Este caso de los Eurobonos y la operación que se hizo en la segunda negociación, permitió a los que hicieron la colocación de los bonos que tuvieran una ganancia de más de 141 millones de dólares, utilidad que salió de las cotizaciones de los trabajadores de los Fondos de Pensiones, en esta maniobra se considera que es necesario investigar una posible corrupción en la que participaron funcionarios como el Ministro de Hacienda quien era Juan José Daboub (hermano del actual presidente de ANEP) y el entonces presidente del BCR, Rafael Barraza, en conjunto con el bufete de abogados que contrataron para hacer la operación. Sin duda en esta operación con signos claros de corrupción participaron los propietarios de las AFP, acosta de los intereses de los trabajadores como ya hemos mencionado. Consideramos que este es otro caso en el que debería la Sección de Probidad de la CSJ, abrir una investigación de los implicados tanto de funcionarios como de los directivos de las AFP.
