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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
CEMUJER, institución que vela por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) denunciaron que el patrón de violencia persista, particularmente el asesinato de las mujeres, asesinatos que pueden ser prevenibles.
Según datos del Instituto de Medicina Legal, cada 10 horas una mujer es asesinada. De enero a agosto de 2017, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 369 feminicidios, de estos el 52.7% fue registrado en San Salvador, La Libertad y Santa Ana.
“Estas cifras no visibilizan a todas las mujeres, situación que incumple entre otros, la recomendación de Naciones Unidas que dispone que el Estado debe investigar con todos los medios a su alcance los hechos de violencia contra las mujeres”, señaló Yolanda Guirola, abogada de CEMUJER.
Indicó que el aborto en términos generales es un feminicidio en el sentido que a las mujeres se les criminaliza. “No asumen que las mujeres se ven forzadas por diferentes situaciones a tomar una decisión o que incluso son abortos instantáneos y no están criminalizadas por aborto sino por homicidio”, manifestó.
Expusieron que el principal obstáculo es la falta de voluntad política para asumir verdaderamente que el aborto es una tortura, es una imposición, asimismo que la aplicación de la justicia salvadoreña está basada en prejuicios.
“La religión influye mucho perjudicando la resolución de una propuesta de despenalización del aborto”, expresó Guirola. De igual forma expuso que los grupos fundamentalistas tienen que ver mucho con que la despenalización del aborto no se incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa.
“En la medida que no se revise la legislación que penaliza completamente el aborto, estamos hablando de un Estado que seguirá reproduciendo tortura, trato cruel, inhumanos y degradantes, y pone en duda el Estado de derecho del país. La despenalización es un reto de la democracia de El Salvador”, agregó Elba Núñez, coordinadora regional de CLADEM.
De acuerdo con la Organización feminista CLADEM, es inaceptable que el Estado salvadoreño mantenga la penalización total del aborto, problemática que no solo priva a las mujeres de su libertad sino en algunos casos las condena a pena de muerte.
Afirmaron que aunque hay avances en materia legal e institucional por instituciones no gubernamentales de las mujeres relacionadas con los matrimonios infantiles, aún hay deudas pendientes.
CEMUJER también alertó sobre los embarazos tempranos en El Salvador. En 2015 el Ministerio de Salud reportó más de 25 mil niñas y adolescentes embarazadas. De cada cuatro partos atendidos uno fue en niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
Hasta hoy, el partido ARENA, en la asamblea legislativa y en su estructura dentro del COENA mantienen una férrea oposición a despenalizar el aborto como parte de la estrategia política, la cual no ha sido refutada por distintas organizaciones humanitarias, en pro de la mujer.
