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José M. Tojeira
La semana pasada tres generales, los tres exministros de defensa, coincidieron en un programa de televisión. El programa, por alguna razón misteriosa se llama “frente a frente”. Pero los militares no tenían a nadie en frente, ni siquiera al entrevistador. De modo que el frente a frente esa vez se convirtió en un ir de frente a favor de la impunidad. Este trío pedía a la Corte Suprema que actuara en el caso jesuitas jurídica y no ideológicamente. Entendiéndose por jurídicamente que la Corte niegue la extradición, y por ideológico que la otorgue. Todo un avance intelectual de la mentalidad castrense, tan acostumbrada al garrote y a la ley del más fuerte. Y por si alguno suponía que no había raciocinio en las peticiones añadían que “este es el momento de finalizar este caso para bienestar, incluso de la nación”. La nación siempre presente en la mente militar como objetivo supremo, pero lamentablemente confundida con el interés castrense. En lo único que ciertamente tenían razón los militares es en la terrible tardanza de la Sala de lo Constitucional a la hora de resolver un “habeas corpus” solicitado en favor de los militares detenidos por el mencionado caso. Una retardación judicial digna de solicitar una multa a la Sala, precisamente para cumplir con esa Constitución que esos supuestos constitucionalistas, dignos de ser multados, están encargados de defender.
El “bienestar de la nación” aparece en el pensamiento de estos tres militares como opuesto a los derechos humanos. Se puede matar impunemente por odio al pensamiento ajeno, y nada más que por eso, sin que haya consecuencias. Para los tres exministros es suficiente con que ya hubo un juicio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como carente de legitimidad y que ciertamente no alcanzó a los autores intelectuales del asesinato. Un juicio que, ¡viva la decencia castrense!, sólo tocó a los más débiles en la organización del acto criminal. Los coroneles acusados en distintas ocasiones como autores intelectuales quedaron tranquilamente en la impunidad sin que ni la Fiscalía, ni el sistema judicial, ni los mismos militares se interesaran en investigarlos. El “bienestar de la nación” exige por lo visto, que los militares de alto rango queden impunes y que los soldaditos pobres o los ingenuos carguen con la responsabilidad de los de arriba. No importa que los jefes cometan crímenes de lesa humanidad o verdaderos actos de terrorismo. Ellos, como suelen decir, servían a la patria.
Lo lamentable es que la mentalidad de estos tres generales sea la que marque el ritmo de la Fuerza Armada. No vamos a hablar de otros ministros de defensa del pasado mucho más salvajes, partidarios del asesinato, el terrorismo y la tortura, afortunadamente ya superados. Estos tres generales son generales de la posguerra. Sin embargo mantienen la idea de impunidad y cerrazón mental característica de años pasados y la transmiten, o transmitieron, a sus subalternos de entonces, hoy de alta en el ejército. Si algo no se puede dudar en el asesinato de los jesuitas y de las dos mujeres refugiadas en su casa, es que la organización del crimen tuvo el respaldo del Estado Mayor del ejército. Tal vez no de todo el Estado Mayor, pero sí de piezas fundamentales dentro del mismo.
En ese momento de la ofensiva de la guerrilla era imposible, sin conocimiento y coordinación del Estado Mayor, movilizar 40 soldados que además estuvieran veinte minutos disparando con rifles M-16, AKA-47 y una ametralladora M-60 a 700 metros aproximadamente del Estado Mayor en línea recta. Y que además tiraron tres granadas y un cohete antitanque Law contra la casa de los jesuitas y finalizaran el festival macabro iluminando la noche con el lanzamiento de dos bengalas para contrarrestar la falta de energía eléctrica y visualizar si había algún candidato más a ser asesinado. Eso es lo que pasó en la UCA cuando mataron a los jesuitas y sus dos colaboradoras. Incluso algunos de los coroneles hoy acusados, y otros de generaciones más cercanas a la actualidad, reconocen en privado que era imposible que el Estado Mayor no estuviera al tanto del operativo, dada la cercanía con lugares estratégicos para la Fuerza Armada y el enorme, largo y duradero ruido bélico de esos veinte minutos de terror.
Lo vergonzoso es que tres generales que se consideran a sí mismos profesionales, sean incapaces de ver las cosas en su contexto profesional y digan alegremente que aquí no ha pasado nada y que el bienestar de la nación exige el olvido absoluto del tema. Lo mínimo que se esperaría, es que durante el tiempo que fueron ministros, cualquiera de estos tres personajes hubieran pedido perdón públicamente por un crimen de lesa humanidad cometido y encubierto sistemáticamente desde su institución. Pero pedir perdón parece que sería un atentado contra el bienestar de la nación, al menos en la mentalidad de una buena parte de la alta jerarquía de la Fuerza Armada, exministros incluidos. Más importante que el juicio en España, y esta es una opinión estrictamente personal, sería que la institución armada pidiera perdón en este y en otros casos. Cuando se comenzó el juicio en España al menos varios de los jesuitas que vivimos en El Salvador pensábamos, y lo dijimos, que el juicio en el exterior se debía no sólo a la impunidad interna, sino a la incapacidad de pedir perdón del Ejército. El ideal es arreglar las cosas en El Salvador. A mi juicio eso podría lograrse con una ley de justicia transicional que prescinda de la penas de cárcel a cambio de la contribución con la verdad y la petición de perdón de los victimarios. La retrógrada posición de la Fuerza Armada, incapaz de dialogar, de pedir perdón y de contribuir a la verdad, es la verdadera responsable de que el juicio que hoy lamentan los exministros se haya abierto en España.
