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César Ramírez
@caralvasalvador
Existen grupos de presión que son antigubernamentales, no distinguen el daño que ocasionan a los ciudadanos honrados, pero resulta que coinciden con la oposición política que niega la buena voluntad para la gobernabilidad de la nación.
Esta condición no es extraña a la nación, los actos irregulares de todo tipo se multiplican en períodos pre-electorales o electorales, incluso después del evento consultivo ciudadano persisten en negar legalidad al proceso simplemente por haber sido derrotados en la consulta popular.
Recientemente una organización de excombatientes declara que realizarán acciones violentas de no ser incluidos en el presupuesto nacional, son anuncios desafortunados y peligrosos, la constitución especifica quienes tienen iniciativas de Ley, no obstante en épocas pasadas y también en estos años es de sobra conocido que toda amenaza debe tomarse con seriedad, son amenazas que deterioran la seguridad nacional…¿quién los financia? ¿es constitucional su petición?; a cualquier respuesta asoma un control político desestabilizador, solicitan un imposible económico, así como una petición de extrema dificultad para resolverse; mientras tanto ese grupo irregular se pliega a los intereses de la oposición.
Hace unos días se denunció que vendedores informales realizaron actos terroristas al incendiar el Mercado de Zacamil, según las notas de prensa estos grupos de nuevo se reunieron previamente con directivos del mayor partido opositor, son en pocas palabras otro grupo de presión política, encargados de dañar la gobernabilidad.
En otras circunstancias se conoce la reunión de dirigentes de ese partido opositor con terroristas agrupados en las maras, la saga de aquellas acciones condujo a favorecer a ese partido en el evento electoral, pero a la fecha no se han realizado aún acciones fiscales, esas organizaciones como las nombradas anteriormente son grupos de presión política, lo son porque se identifican con la violencia de grupos irregulares que actúan a favor de intereses políticos.
Si a ello agregamos la constante desinformación en los medios de comunicación, el sabotaje económico que significa no pagar impuestos, negar los votos para el presupuesto nacional que incluye la seguridad, educación, salud etc., son en conjunto grupos orquestados para crear el caos y disminuir la imagen positiva de un buen gobierno.
La situación ya no es una polarización política puesto que se ha rebasado la legalidad constitucional, más bien parece la pérdida del control político de esos grupos delictivos que en lugar de avanzar hacia la democracia, la legalidad, el orden institucional se convierten en antisistema y terroristas, en pocas palabras se pierde la gestión democrática.
El momento es crucial, no se puede ser legal en una escena nacional e ilegal con acciones delictivas, un partido político no puede propiciar y favorecer a las fuerzas irregulares con acciones terroristas, es incongruente bajo el Acuerdo de Paz de 1992 y la Constitución de la República. Es la Ley la que debe actuar, son las autoridades las que tienen la palabra, pero hace años que observamos que el ejercicio de la Ley tiene intereses políticos, de tal forma que muchos jueces se convierten en cómplices de esos grupos de presión al servicio de un partido político ¿tendremos una salida a esta situación?… me parece que no es posible por el momento, mientras tanto la sangre de inocentes enlutará la nación, hasta que los propios patrocinadores del terrorismo sean víctimas de esas bandas delictivas.
www.cesarramirezcaralva.com
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