El pasado lunes se cumplieron 26 años del asesinato de los jesuitas de la UCA, clinic y sus dos colaboradoras, purchase hecho cometido, malady como ya es de todos conocido, por una unidad especializada del Batallón Atlacatl, formada y armada por Estados Unidos.
El múltiple crimen fue cometido seis días después de iniciada la más grande ofensiva de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el 11 de noviembre de 1989.
La guerrilla trajo la guerra civil hasta la ciudad capital, y durante una semana mantuvo a raya al ejército. En su desesperación y creyendo causar un impacto en la moral de la ciudadanía para que no se insurreccionara, el Estado Mayor planifica y da la orden para asesinar a los seis sacerdotes jesuitas, entre ellos a Ignacio Ellacuría, quienes pernoctaban en las instalaciones de la UCA.
El partido ARENA, que ya estaba en el Gobierno, con Alfredo Cristiani como Presidente, apoyado de otros diputados de derecha, modificaron la primer ley de amnistía para proteger a quienes cometieron crímenes atroces como los del Calabozo, Sumpul, El Mozote y los Jesuitas, entre otros.
Muchas cosas se rumoran en torno a los responsables intelectuales del crimen, que incluyen al propio expresidente Alfredo Cristiani, quien habría participado en la reunión del alto mando militar donde se decidió matar a los jesuitas y “sin testigos”, por eso es que mataron también a las empleadas domésticas de los sacerdotes inmolados.
Bueno, sería, que en función de la verdad, no pasará otro aniversario más sin que se sepa lo ocurrido, que se conozca a los intelectuales, los que dieron la orden de asesinar a los sacerdotes.
La UCA solo quiere saber la verdad, y que pidan perdón, buen punto, inclusive, para que los responsables busquen que la justicia no les alcance, pero no por la impunidad histórica que campea en nuestro país, sino, por el compromiso de pedir perdón y cerrar esa oscura página, cerrarla de una vez por toda.
El otro mecanismo de saber toda la verdad es mediante el proceso judicial. Es decir, que dado que el Procurador David Morales ha calificado la masacre como un hecho terrorista, que a partir de esto se inicie una nueva investigación. Esto pasa, por supuesto, porque en la Asamblea Legislativa se nombre un nuevo Fiscal General, dispuesto a retomar estos casos, que no le tenga miedo ni al gran capital ni a la cúpula arenera. Además, que no les deba favores a estos, que tenga relativa independencia. Que así sea.