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Redacción Nacionales
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La Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos emitida por el gobierno de Estados Unidos, conocida como “Lista Engel” fue actualizada este lunes, en la que incluyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al aceptar nombramientos directos por parte de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo, en un proceso inusual y contrario al artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez, sustituyeron inconstitucionalmente a los magistrados anteriores, quienes fueron destituidos abruptamente sin causa ni proceso legítimo, tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo, en la que el partido en el gobierno goza de la mayoría de diputados.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, manifestó, luego de que en Washington se hiciera pública la noticia, que los nuevos magistrados nombrados ilegalmente socavaron los procesos de las instituciones democráticas, al aprobar el pasado 3 de septiembre una controvertida interpretación de la Constitución que autoriza la reelección del presidente, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución de los mandatos consecutivos de la Presidencia, lo cual, fue condenado por el gobierno estadounidense.
“Las acciones de estos cinco magistrados demuestran una clara estrategia para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico al poder ejecutivo, estas acciones dañan la relación bilateral que Estados Unidos se esfuerza por tener con el gobierno de El Salvador. El gobierno de los Estados Unidos evaluó las acciones que debilitan la democracia tomadas por parte de estos magistrados”, manifestó la diplomática Manes. La Constitución salvadoreña prohíbe claramente a los titulares de la presidencia la reelección para un mandato consecutivo, este fallo es consecuencia directa de la decisión adoptada el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en funciones e instalar a sustitutos leales al presidente.
La “Lista Engel” es una herramienta ordenada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 2020, diseñada para proporcionar consecuencias inmediatas a quienes actualmente participan en la corrupción y actos que socavan la democracia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Las personas incluidas en este informe no pueden obtener visados ni ser admitidas en Estados Unidos por lo que se les revocará inmediatamente el visado y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos, a menos que se conceda una excepción o una exención de seguridad nacional.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que en apoyo las aspiraciones democráticas de los pueblos de El Salvador y Guatemala, añadieron a la Lista Engel a los cinco magistrados de la Corte Suprema salvadoreña, la fiscal general guatemalteca, María Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Ángel Pineda.
Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, enfatizó que las restricciones de visa son un paso más, para promover la democracia y los esfuerzos de combate a la corrupción en El Salvador y Guatemala.
El presidente de la República, Nayib Bukele, mientras tanto, restó importancia al informe de Estados Unidos y sostuvo que “a lista es pura política e injerencia de la más “bajera”, sin ninguna relación con la corrupción. “Es extraño que no viene mencionado nadie de la oposición, tal vez por angelitos. De nuevo, no viene nadie del gobierno de Honduras, qué raro”, escribió el mandatario en redes sociales. Momentos más tarde publicó “No somos patio trasero de nadie”.
El informe inicial fue publicado el 1 de julio para los tres países e incluye a las personas extranjeras que han participado, a sabiendas, en acciones de socavamiento a los procesos o instituciones democráticas y en actos significativos de corrupción; su objetivo es servir de elemento disuasorio; en ese momento se mencionó a funcionarios de gobierno cercanos al presidente Bukele. Aunque se continúa revisando activamente la información creíble adicional, denuncias de corrupción y utilizará todas las autoridades aplicables, para garantizar que los funcionarios corruptos no encuentren refugio en los Estados Unidos.
