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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Con sus resoluciones, los cuatro magistrados prácticamente se convierten en una dictadura judicial en el país, que bloquea los esfuerzos sistemáticos del gobierno para financiar el pago de pensiones, así lo indicaron diferentes sindicatos de maestros, quienes se unieron para mostrar su descontento ante las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional en el tema previsional.
Juan José González de SINDOPETS señaló que al declarar inconstitucional la “Ley de Presupuesto ordenan a la Asamblea Legislativa revisar el gasto de remuneraciones, estipulados en escalafones. Además, exigen adecuaciones al presupuesto”, lo cual pone en riesgo diferentes programas sociales desarrollados por el gobierno salvadoreño.
Agregó que al no permitir el incremento de cinco puntos al techo del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que permitiría al ejecutivo tener 500 millones de dólares efectivos para el pago de pensiones, no solo imposibilitan a 175 mil trabajadores para obtener su pensión en los próximos meses, también dejan en impago al gobierno y al país al borde de una crisis financiera severa.
Los maestros alertaron a los salvadoreños del peligro que corren los programas sociales del Ministerio de Educación con las resoluciones, las cuales también podrían en riesgo los salarios, bonos y aguinaldos que por ley les corresponden.
Israel Montano, de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio, expresó que el tema que no es solo de los maestros sino de los trabajadores a nivel nacional.
“En los últimos 20 años las AFP se han apoderado de exorbitantes ganancias. La propuesta de los trabajadores ha sido desechada en la Asamblea Legislativa como si no tuviésemos la capacidad de crear un documento y solo la tuviera ASAFONDOS, los personeros de la ANEP”, señaló.
Montano manifestó que respaldan la propuesta del gobierno, porque abre las puertas para que avancen en la lucha, pero que no desmayarán para que su propuesta, la cual propone la creación de una institución autónoma administrada por un ente tripartito, sea aprobada.
El movimiento popular aseguró que luchará por tener una reforma previsional que garantice una pensión justa para las y los trabajadores.
