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José M. Tojeira
Por supuesto había buenos militares. Pero durante la guerra con frecuencia se imponían los que violaban derechos humanos. Al menos conseguían que no se les acusara y quedar abrigados siempre por un manto de impunidad, hicieran lo que hicieran. Solo cuando había una presión internacional cedían ligeramente y entregaban a alguno que otro que pagara por las culpas de jefes impunes. Hoy la Fuerza Armada no es ya como la que vimos en el pasado. Queda alguno que otro con costumbres del pasado, pero no hay duda de que son más profesionales. Sin embargo los militares del pasado, especialmente los que cometieron crímenes y quienes los respaldaron, insisten en permanecer como protagonistas del verdadero espíritu militar. Un error garrafal, pero que muestra hasta dónde llega la ceguera de aquellos a quienes la brutalidad de la guerra les deformó una parte de la estructura racional del pensamiento humano.
En efecto, un grupo, que se autodesigna como “los veteranos militares”, y en el que no están todo los veteranos, sino solamente los más recalcitrantes, pretende representar no solo a su ejército sino a toda su historia. Y para ello publican su campo pagado, denunciando “esfuerzos para desprestigiar al soldado como tal y a la Fuerza Armada en general”. Un campo pagado que es en la práctica un anónimo y que incluso viola la normativa para la publicación de comunicados de La Prensa Gráfica. La afirmación de que se quiere desprestigiar al ejército da risa, porque sugiere que hay una escalada contra la Fuerza Armada, cuando todas las quejas contra los militares han ido siempre acompañadas por nombres y apellidos y por acontecimientos en los que las personas mencionadas se han visto involucradas en actividades ilegales. En los juicios de deportación de Estados Unidos se presentaron contra el general García una lista de 59 masacres cometidas por miembros de la Fuerza Armada durante el período en el que el mencionado militar fue ministro de Defensa, 1979-1983. Se puede suponer que el comunicado de los veteranos se refiere a este tipo de situaciones o al juicio iniciado en torno a la masacre de El Mozote, cuando habla de campañas de desprestigio. Pero un juicio, la ignorancia legal de los militares de antes puede ser supina, nunca es una campaña de desprestigio, sino un esfuerzo democrático por resolver un problema. Y tal vez por ser los juicios un recurso democrático es por lo que el propio ejército casi nunca abrió juicios en el pasado contra jefes que violaban los derechos humanos. Porque en aquel entonces el ejército no funcionaba como una institución democrática.
Cuando a esa supuesta campaña se le llama “conspiración”, solo falta el agregarle el calificativo de comunista. Sería cómico que catalogaran de esa manera a los jueces norteamericanos que despacharon del país del norte a veteranos de alta graduación. Pero viniendo de estos veteranos ignorantes todo sería posible. Porque el comunicado rezuma mucho de aquella ideología de la seguridad nacional que veía conspiraciones por todas partes. Ya los obispos latinoamericanos en Puebla, en 1979, condenaban ese estilo político-militar cuando decían: “Las ideologías de la Seguridad Nacional han contribuido a fortalecer, en muchas ocasiones, el carácter totalitario o autoritario de los regímenes de fuerza, de donde se ha derivado el abuso del poder y la violación de los derechos humanos”. Pero el tema derechos humanos parece tabú en los comunicados de este tipo de veteranos, en contraste con la Fuerza Armada actual que en vez de denigrarlos, los defiende y enseña en sus cursos de formación y ascenso.
Por supuesto, en el comunicado público anónimo de los así llamados veteranos, que como decimos no representan a todos los veteranos, no podía faltar la recomendación de que “no se abran heridas de hechos históricos”. Si por abrir heridas de hechos históricos se entiende no abrir juicios frente a delitos de lesa humanidad, es evidente que los veteranos firmantes están en contra tanto del ordenamiento jurídico internacional como del ordenamiento nacional actual. Para provenir de ex miembros de una institución castrense “obediente, profesional, apolítica y no deliberante” (Art 211 de la Constitución), la recomendación que mencionamos es ilógica y poco menos que rebelde. Carente de lógica porque se supone que quienes han sido educados en la obediencia debían estar abiertos, más allá de su opinión personal, a la legislación vigente. Irracional además, porque las heridas provenientes de actos arbitrarios y violentos no se cierran a base de impunidad sino a través de juicios con garantías adecuadas para los acusados y teniendo simultáneamente en cuenta los derechos de las víctimas. Qué más quisieran los delincuentes actuales que se les diera hoy perdón y olvido a todos su delitos, bajo la lógica de que llevar a alguien a juicio es abrir heridas.
Y hay también una porción de rebeldía ante el orden jurídico vigente. Los Derechos Humanos son parte de nuestro ordenamiento jurídico tanto desde pactos internacionales como desde nuestra propia legislación. Y las violaciones de dichos derechos deben ser llevadas a juicio, en la medida en que algunas de ellas son imprescriptibles, como deben ser llevadas a juicio todas aquellas violaciones actuales de los Derechos Humanos. Quienes nos movemos en el campo de dichos derechos deseamos que se avance en una ley de “justicia transicional” que permita beneficios y penas más suaves para quienes cooperen en las tareas de establecer la verdad y dignificar a las víctimas del pasado pidiéndoles perdón por los sufrimientos ocasionados. La hombría y el valor, la dignidad militar incluida, no se construye sobre el ocultamiento de hechos sino sobre el reconocimiento de la realidad y la capacidad de mostrar actitudes de cambio frente a los delitos del pasado. Y eso pasa por la petición de perdón y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Lo contrario no es más que rebeldía estéril o forma larvada de amenaza para quienes buscan verdad, justicia y mecanismos de reconciliación.
