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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Dejan por fuera a algunos que estuvieron involucrados en el asesinato”, fueron las palabras del sacerdote jesuita y director del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA), José María Tojeira, al conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a trece personas y sus familias para que no fueran elegibles para el ingreso al país norteamericano por su involucramiento en graves violaciones de derechos humanos.
Tojeira aseguró que el pronunciamiento del Departamento de Estado estadounidense se tardó mucho, ya que ellos estaban involucrados en el entrenamiento del Batallón Atlacatl, ya que muchos de los mencionados pertenecieron a este batallón especializado de la Fuerza Armada de El Salvador.
“Yo me hubiera preocupado más en personalidades de alto nivel militar que probablemente estuvieron implicados y no por los hechores materiales que al fin del cabo era soldaditos, que si no obedecían los mataban. Más allá que corrían un grave peligro si desobedecían, entre los autores intelectuales y encubridores no aparecen en la lista y ahí me hubiese gustado más que los estadounidenses hubieran hecho un estudio más a fondo o hubieran consultado a sectores con conocimiento”, dijo el sacerdote.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció -a través de un comunicado- que ha “designado a trece personas”, por tener información creíble de su participación en graves violaciones a los derechos humanos por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, perpetrado el 16 de noviembre de 1989. Los militares involucrados son: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
Esta designación responde a la Ley de Asignaciones de Programas de Operaciones Extranjeras y Programas Afines de 2019 de Estados Unidos, donde establece que en los casos en que el secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios actuales o anteriores de gobiernos extranjeros -en este caso de El Salvador- han estado involucrados, directa o indirectamente, en una violación grave de los derechos humanos o corrupción significativa, esas personas y sus inmediatos los miembros de la familia no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Los militares son señalados por el asesinato de los sacerdotes de origen español Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Armando López; todos asesinados el 16 de noviembre de 1989, junto al sacerdote salvadoreño Joaquín López, Elba y Celina Ramos, ambas colaboradoras.
“Estados Unidos apoya los continuos esfuerzos de rendición de cuentas, reconciliación y paz en El Salvador. Valoramos nuestra relación de trabajo en curso con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, pero continuaremos utilizando todas las herramientas y autoridades disponibles, según corresponda, para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró.
Caso judicial
Por otra parte, desde noviembre del 2017 el IDHUCA solicitó la reapertura del caso ante el Juzgado Tercero de Paz, que ordenó la reapertura y la presentación de un nuevo requerimiento en el 2018. Pese a ello, los abogados defensores han interpuesto una serie de recursos y apelaciones en los que argumentan que el caso ya fue juzgado.
El padre Tojeira asegura que la Fiscalía General de la República está esperando que se resuelvan los recursos presentados, ya que ellos deben hacer un nuevo requerimiento. “Entiendo que tienen bastante material preparado para proceder, no tienen ningún problema, los que tienen problema son el sistema judicial y será la Corte Suprema de Justicia, porque está retardando mucho en las apelaciones”, dijo.
Agregó que la CSJ espera que se establezca la Ley de Reconciliación para ver si se favorece a los militares, “esta es la única explicación que nos cabe ante un retardamiento sistemático del sistema judicial, pese a que las apelaciones son repetitivas”, sostuvo.
