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Por Leonel Herrera*
Tal como han señalado muchos críticos en medios de comunicación y redes sociales, la muerte de Alejandro Muyshondt, sucedida bajo custodia estatal, advierte sobre la crueldad del régimen de Nayib Bukele y el tenebroso mensaje que el muy “cool” presidente estaría enviando a propios y a extraños que obtengan o difundan información que dañe su imagen o que constituyan alguna amenaza para sus intereses autoritarios.
Muyshondt era “asesor de seguridad nacional” de Bukele y supuestamente realizaba acciones de inteligencia y contrainteligencia para el mandatario; sin embargo, fue detenido luego de evidenciar presuntos vínculos de un diputado de Nuevas Ideas con el narcotráfico, actos de lavado de dinero y posible corrupción de funcionarios gubernamentales. Su captura se dio luego que Bukele lo acusara de ser un “doble agente” y de proporcionar información al ex presidente Mauricio Funes.
A pesar de que familiares y amigos dicen que era un tipo saludable, Muyshondt se deterioró gravemente durante su cautiverio y finalmente murió en condiciones hasta hoy desconocidas. Su muerte se supo públicamente el 8 de febrero, pero su madre Patricia Álvarez y la abogada Lucrecia Landaverde creen que falleció antes de las elecciones y se ocultó para evitar un escándalo político que perjudicara electoralmente al oficialismo.
Su madre y la abogada denunciaron que al cadáver le fueron extraídos todos sus órganos, tenía múltiples laceraciones en diversas partes y les fue entregado sin la autopsia correspondiente. Landaverde cree que no fue una muerte natural, sino un “homicidio inducido con lujo de barbarie” porque el cuerpo mostraba golpes, hematomas, costillas quebradas y lesiones probablemente provocadas por cuchillos o punzones. El objetivo del sádico asesinato -según la abogada- fue callarlo.
Mientras tanto, Ernesto Muyshondt, primo de Alejandro, lleva casi tres años en prisión por supuestos delitos de corrupción. Fue detenido en junio de 2021, un mes después de terminar su gestión como alcalde de San Salvador por el partido ARENA en el período 2018-2021 y sigue encarcelado a pesar de haber sido absuelto de algunos cargos y de existir resoluciones judiciales que ordenaron su excarcelación.
Algunos analistas sospechan que detrás de la negativa de la Dirección General de Centro Penales de cumplir la orden judicial de sacar a Muyshondt de prisión estaría una posible venganza por haber denunciado irregularidades cometidas en la alcaldía capitalina durante la gestión de Bukele (2015-2018) y el objetivo de inhabilitarlo como un posible candidato presidencial opositor en las pasadas elecciones. Familiares y abogados denuncian su delicado estado de salud y advierten que podría morir en la cárcel.
Si poseer información crítica del gobierno fue la sentencia de muerte para Alejandro Muyshond, el caso de Mauricio Ramírez Landaverde no debería pasar desapercibido. El ex ministro de Seguridad Pública del gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-219) lleva más de dos años preso y en diciembre de 2023 un juez ordenó su libertad; sin embargo, las autoridades penitenciarias se niegan a cumplir la resolución judicial.
Ramírez Landaverde está procesado por supuestas irregularidades en las tiendas penitenciarias y mal manejo de fondos de la Asociación “Yo Cambio” (ASOCAMBIO). Sin embargo, el periodista Héctor Silva Ávalos sugiere que las verdaderas razones de la persecución judicial y el encarcelamiento del ex funcionario podrían ser otras.
En una reveladora nota publicada hace dos semanas en el medio guatemalteco Prensa Comunitaria, Silva Ávalos menciona que en 2018 Ramírez Landaverde, como ministro de Seguridad y a través de la inteligencia policial, recopiló información detallada sobre pactos electorales del entonces candidato Nayib Bukele con las pandillas y los “acuerdos de gobernabilidad” con estos grupos criminales que implementaría cuando asumiera la presidencia de la república en junio de 2019.
La nota periodística plantea algo aún más malévolo: el proceso penal contra Ramírez Landaverde y la negativa gubernamental de excarcelarlo se debería a las negociaciones de Bukele con las maras, pues entre sus condiciones éstas habrían pedido represalias contra los funcionarios de Seguridad que los combatieron férreamente desde la ruptura de la tregua en el gobierno de Funes (2009-2014). Así lo denunció el propio ex ministro ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Finalmente, con menos gravedad y dramatismo pero igualmente significativo está el caso de Rubén Zamora. Tras la fallida primera orden de detención, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ha emitido una nueva orden de captura contra el político opositor que ha criticado duramente la reelección inconstitucional de Bukele, el cierre democrático y la instauración de una nueva dictadura.
Luego del repliegue inicial obligado por la presión nacional e internacional, la jueza Mirtala Portillo, probablemente obedeciendo directrices del oficialismo, ha vuelto a la carga contra Zamora. El político de centroizquierda podría ser detenido en las próximas horas o días y morir encarcelado debido a las crueles condiciones de la prisión y a que las condiciones de salud vinculadas a su avanzada edad podrían impedirle resistir como hasta hoy lo han hecho el ex alcalde Muyshondt y el ex ministro Ramírez Landaverde.
Quizás Rubén Zamora no posea información que perjudique a Bukele y a su gobierno, ni representa ninguna amenaza real para su proyecto dictatorial; sin embargo, criminalizarlo y perseguirlo penalmente manda un mensaje de amenaza e intimidación para todos los opositores, críticos disidentes e inadaptados a la nueva realidad caracterizada por la consolidación autoritaria.
El dictador está enviando sus mensajes.
*Periodista y activista social
