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Por Luis Torres de la Llosa/Le Bourget/AFP
Las negociaciones de París entre los ministros de 195 países para alcanzar un acuerdo que evite una catástrofe ecológica se prolongaron hasta el sábado, en busca de un consenso que permita salvar los últimos obstáculos.
«Estamos casi al final del camino, soy optimista», dijo el canciller francés Laurent Fabius, que preside la COP21. «Tras las consultas que voy a realizar, podré presentar a todas las partes mañana a las 9:00 de la mañana, hora local, un texto que, estoy seguro, será aprobado y constituirá un gran paso para toda la humanidad».
En esa carrera contrarreloj, las discusiones que continuaban día y noche alcanzaron el inevitable punto en que cada cual defiende con uñas y dientes lo suyo, del que no se sale sin hacer concesiones.
«La noche fue difícil. En lugar de avanzar hacia compromisos, cada país se atrincheró detrás de sus posiciones. Es el momento duro de las negociaciones», comentó Matthieu Orphelin, de la ONG Fundation Hulot.
Lo que está en juego es una estrategia capaz de frenar el calentamiento resultante de la actividad humana de un planeta que duplicó su población en las cuatro últimas décadas y vio surgir nuevas potencias industriales.
Para ello es necesario convertir a la economía global a fuentes de energía limpias, abandonando progresivamente las fósiles -carbón, gas y petróleo- emisoras de dióxido de carbono (CO2) y otros gases que están transformando la Tierra en un invernadero y amenazan con convertirla en un horno si no hacemos nada por evitarlo.
Ante ese desafío cada país tiene capacidades, intereses y una exposición distinta a las amenazas. Por eso es tan complicado -y tan importante- poner a todos de acuerdo.
‘Cada coma cuenta’
Los países industrializados se niegan a ser los únicos en realizar mayores esfuerzos económicos y de reducción de GEI y presionan para que China e India arrimen el hombro. Pero estas potencias emergentes, que se han convertido en dos de los grandes contaminadores del siglo XXI, prefieren hacerlo sobre una base voluntaria.
Para evitar conflictos, los negociadores buscan el lenguaje que satisfaga a todo el mundo, equilibrando los intereses de cada grupo, con cuidadosas distinciones entre los «debe» y «debería». «Estamos en ese momento vital donde cada palabra y donde cada coma cuenta», advirtió el ministro peruano Manuel Pulgar-Vidal antes de las discusiones.
En el capítulo de emisiones de GEI, el texto señala por ejemplo que los países desarrollados «deberían seguir liderando» el esfuerzo, mientras que los países en desarrollo «tendrán más tiempo para alcanzar su pico de emisiones».
Según un negociador europeo, el secretario de Estado norteamericano John Kerry, presente en los pasillos del centro de negociaciones de Le Bourget (norte de París) hacia las dos de la madrugada, se mostró satisfecho con las formulaciones del principio de diferenciación.
«El discurso de Kerry fue muy bueno, pero muy duro con los países en desarrollo» al referirse al principio de «diferenciación», redactado en términos finalmente aceptables para Washington, opinaron dos representantes de una delegación sudamericana.
Financiación, ambición
El borrador ancla en el acuerdo la ayuda de 100.000 millones anuales como «mínimo» que los países desarrollados prometieron entregar a los países en desarrollo a partir de 2020 para políticas ambientales.
Pero, a su vez, abre la puerta a que otras naciones, como los países emergentes, se vayan añadiendo a esta lista de donantes de manera «voluntaria» y «complementaria».
Respecto al objetivo de frenar el aumento de la temperatura del planeta, el nuevo texto propone limitar el calentamiento global «muy por debajo de los 2 ºC» y «proseguir con los esfuerzos» para alcanzar los «1,5 ºC» respecto a la era preindustrial.
De esta manera, se conjugan los intereses de los países vulnerables cuya existencia misma está amenazada si la temperatura supera 1,5º, y los de las potencias emergentes, que piden una mayor flexibilidad para poder seguir emitiendo GEI hasta alcanzar mayores niveles de desarrollo.
Queda entre otras cosas por definir la fecha en que comenzará la revisión cada 5 años de los compromisos voluntarios (INDC) de reducción de emisiones de GEI, que ya presentaron 185 países, pero que según el borrador no serán legalmente vinculantes.
El documento propone además «un pico de las emisiones (…) lo antes posible» y una «neutralidad de las emisiones (…) durante la segunda mitad del siglo». Para el canciller de las Islas Marshall, Tony de Brum, este concepto «envía una clara señal de que el mundo reducirá rápidamente su curva de emisiones».
Una meta más ambiciosa
Los Estados insulares del Pacífico que quedarían sumergidos por una elevación del nivel del mar, apoyados por aquellos que ya padecen fenómenos extremos, como casi toda América Latina, reclamaban que el acuerdo limite el alza de las temperaturas a 1,5 ºC respecto a la era preindustrial.
Los poderosos países petroleros encabezados por Arabia Saudí y Kuwait, se negaban a ir más allá del límite de 2 ºC.
En una fórmula salomónica, el proyecto de acuerdo fija la meta «muy por debajo de los 2 ºC» y llama a «proseguir con los esfuerzos» para alcanzar los «1,5 ºC».
Arabia Saudita, en este caso con el apoyo de Venezuela, consiguió eliminar del texto la noción de «descarbonización», sustituida por la de «neutralidad» de carbono, más favorable a sus intereses.
China e India también frenaron a lo largo de las negociaciones distintos puntos del acuerdo, con el fin de obtener más espacio para desarrollar sus economías antes de convertirlas a sistemas sostenibles.
El borrador prevé que de manera general cada país se comprometa a superar lo antes posible el pico máximo de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Las revisiones se harán cada 5 años a partir de 2025, y no de 2020, cuando entre en vigor el acuerdo, como pretendían Francia y otros países.
Pero la principal manzana de la discordia sigue siendo el dinero: los países del Sur reclaman financiamiento y acceso a las tecnologías necesarias para adaptarse a cambio climático, mientras que los ya industrializados quieren que las potencias emergentes también colaboren.
Una posibilidad que China admite, pero sobre una base voluntaria.
La ayuda anual de 100.000 millones de dólares que se canalizará hacia los países en desarrollo desde 2020 será un mínimo que podrá incrementarse, una concesión que debería facilitar la adhesión de los más pobres.
Obama y Xi por teléfono
Todo parece indicar que en París se evitará un fracaso como el de la cumbre de Copenhague en 2009.
Señal de que llegó la hora de la verdad, los presidentes de China y Estados Unidos, los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, hablaron por teléfono el viernes para intentar salvar obstáculos.
Grupos y figuras ambientalistas expresaron temores de que el acuerdo sea vaciado de substancia en los últimos regateos.
«En lugar de levantar muros y refugiarse detrás de las lineas rojas que cada cual reivindica como si tuviésemos la eternidad por delante, es hora de que cada cual construya pasarelas», advirtió Nicolas Hulot, enviado especial del presidente francés François Hollande para asuntos climáticos.
Para la administración demócrata de Obama, las líneas rojas las marca sobre todo el Congreso, de mayoría republicana y predominancia de climatoescépticos.
Estados Unidos había rechazado en 2001 el Protocolo de Kioto, obligando a negociar un acuerdo global «desde abajo», basado en contribuciones voluntarias (INDC).
Del borrador de la COP21 desapareció un capítulo referido a la legalidad vinculante del texto, que quedaría limitada a aspectos específicos pero no será aplicable a los INDC, que se mantendrían en el ámbito de lo voluntario.
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