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Por Leonel Herrera*
El mundo pide liberar a los ambientalistas salvadoreños detenidos por oponerse a la reactivación de la minería metálica. Esta semana se realizan acciones de apoyo en varios países, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, frente a las embajadas y consulados salvadoreños.
La comunidad internacional, que saludó y celebró la decisión del país de proteger el agua y el medioambiente prohibiendo la más nociva de las industrias extractivas, ahora ve con asombro y extrañeza que líderes comunitarios protagonistas de esa histórica hazaña ahora sean perseguidos judicialmente por un Estado que más bien debería reconocerlos, premiarlos y homenajearlos.
Peor aún: el mundo mira con incredulidad y repulsión que se monte una acusación sin pruebas, se manipule al sistema penal y se instrumentalice la justicia transicional y restaurativa para encarcelar a activistas antimineros y abrirle camino a tenebrosos proyectos extractivistas.
La solidaridad internacional resiente la negativa de las autoridades salvadoreñas de desestimar este caso, a pesar de los constantes y múltiples llamados de diferentes instancias, sectores y actores, entre éstas la Relatora Especial de sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor.
Esta célebre abogada irlandesa ha pedido en cuatro ocasiones al Estado salvadoreño retirar los cargos contra los defensores ambientales de Cabañas, calificando el caso como una persecución judicial al activismo ambiental que tiene como trasfondo los intereses mineros.
Esta persecución, además, sucede en un contexto generalizado de violaciones a derechos humanos, un grave deterioro institucional y un acelerado proceso de consolidación autoritaria, antidemocrática y dictatorial, señalado con preocupación por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas.
Al mundo también le sorprende que, después de convertirse en un ejemplo para los demás países cerrando las puertas a las empresas mineras, El Salvador ahora promueva el regreso de estas tenebrosas compañías dándoles señales de revertir la prohibición, sobre todo incorporándose a un panel intergubernamental sobre minería e incluyendo la minería metálica en la nueva ley de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Por eso el mundo tiene puestos sus ojos en nuestro país, especialmente en el desempeño del sistema judicial, de cara a la vista pública contra los líderes comunitarios que se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre próximo, en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque.
Este tribunal tendrán en sus manos la decisión de validar esta arbitrariedad e injusticia, condenando a los ambientalistas; o de hacer valer la legalidad, el debido proceso penal y la justicia verdadera, absolviéndolos y decretando su libertad inmediata para que regresen a sus comunidades a hacer lo que más saben y quieren: defender el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida.
En el país, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras organizaciones solidarias con Santa Marta y ADES, desarrollan diversas acciones para llamar la atención de la población sobre la nueva batalla a librar contra la amenaza extractivista, batalla que en este momento pasa por lograr la libertad de los activistas antimineros.
*Periodista y activista social.
