Víctor Manuel Valle Monterrosa.
El año 1980 fue especialmente cruento en El Salvador. Y también de muchas luchas populares en su culmen. Se organizó la gran concentración revolucionaria de masas, mataron a monseñor Romero, a unas religiosas de Estados Unidos, al Rector de la UES Félix Ulloa y desaparecieron a Antonio Handal. Y asesinaron a mucho luchador social anónimo.
Había, al mismo tiempo, espíritu de lucha popular y represión política desbocada desde que, en enero de ese año, se hizo un pacto, entre el ala derecha del PDC y el alto mando militar, prohijado por la embajada del gobierno de Estados Unidos presidido por Carter. El pacto fue para contener “otra Nicaragua”, cuando los sandinistas comenzaban su esperanzadora revolución y aún eran fuente de inspiraciones.
Con base en el pacto, había que hacer algunas reformas “manu militari”, o “reformas teñidas con sangre”, como lo denunció, pocas semanas antes de ser asesinado, el ahora San Óscar Romero.
Pues ese año, el 27 de noviembre de 1980, ocurrió un hecho generador de mártires del pueblo.
Los aparatos represivos de la Junta de Gobierno contrainsurgente capturaron, en el Externado de San José, donde estaban reunidos para discutir acciones políticas, a Enrique Álvarez, Enrique Escobar Barrera, Juan Chacón, Manuel Franco, Humberto Mendoza y Doroteo Hernández. Ellos eran los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, organismo plural dentro de la izquierda, que propugnaban una salida negociada a la grave crisis política que vivía El Salvador. En la noche del mismo día aparecieron sus cadáveres en distintos puntos de la capital con señales de horribles torturas.
Ellos son, desde entonces, mártires del pueblo, los otros mártires de noviembre, aunque un tanto olvidados, “sin carnaval ni comparsa”. Por supuesto, ese crimen atroz sigue impune. A 43 años de esa masacre, pido la palabra y alzo la voz para que esos otros mártires de noviembre no sean re-asesinados con la ingratitud del olvido.