José M. Tojeira
Hace años, en tiempos del gobierno de Mauricio Funes, los estudiantes de Administración de empresas de la UCA inciaron un proyecto de recuperación de un parque en los Tikales (Apopa), así como de un mercado que colindaba con el parque y de un centro comunal también cercano. Todo había estado abandonado por la presencia de las maras. El apoyo de seguridad de la PNC facilitó que los estudiantes pudieran trabajar libremente. Y la gente del barrio, al verles trabajar gratuitamente comenzó a sumarse. Al final, en la entrega a la comunidad, hubo una fiesta con una gran presencia de la gente del barrio.
El mercado se llenó de puestos y en el centro comunal se comenzó a tener actividades festivas.
La falta de una política pública que diera seguimiento al trabajo realizado permitió que dos años después la situación fuera de nuevo de abandono y presencia y control de las maras. Apoyo a la vivienda, agua, centro de salud, presencia de una delegación de policía, hubiera probablemente dado continuidad al buen ambiente creado con la recuperación de los espacios públicos, pues la población estaba contenta e incluso agradecida con el apoyo que la PNC había dado al desarrollo del proyecto.
En la actualidad, Glasswing internacional ha recuperado y habilitado parques de nuevo en la misma zona. Es el primer paso para la rehabilitación de zonas tenidas como peligrosas. Los lugares públicos, en la medida que se viven y controlan desde la comunidad, establecen relaciones de paz, confianza y amistad. Pero para que perdure la eficacia de los lugares públicos el Estado debe hacerse presente en su calidad de servidor de las personas y de las comunidades.
Escuelas o centros de aprendizaje y recreo, bibliotecas comunales, canchas deportivas, centros de salud, lugares de encuentro y servicio para ancianos, guarderías, puestos policiales son lugares necesarios para desarrollar lo que los clásicos denominaban amistad social y hoy llamamos confianza ciudadana. Mientras los servicios estén lejos de las comunidades, estas zonas populosas de pequeñas casas y multitud de pasajes estrechos donde la gente vive hacinada no recuperarán definitivamente la confianza.
Lo que ayer hicieron alumnos de la UCA o lo que hoy ha hecho Glasswing es meritorio y digno de alabanza. Y ciertamente hay que hacer más actividades de ese estilo y naturaleza. Pero el Estado tiene también que cumplir su responsabilidad con la gente de esas colonias y favorecer espacios de convivencia, de servicios y de mediación y solución de conflictos. Desde hace demasiado tiempo las zonas suburbanas han sido despreciadas por el Estado. Y cuando la violencia ha estallado en ellas, los gobiernos solamente han sabido, generalmente, frenar la violencia con violencia. Se establecen así muy fácilmente ciclos que se repiten o que, en ocasiones, se convierten en crónicos. Se seguirá equivocando el Estado, y por supuesto quienes lo gestionan y gobiernan mientras no se den cuenta de que la violencia estructural acaba siempre produciendo estallidos de violencia.
Creer que la capacidad de violencia del Estado puede frenar toda violencia delictiva, independientemente de la situación social existente, ha sido un error clásico que en muchos países como el nuestro y ha costado una enorme pérdida de vidas y de oportunidades. Y si aún encima la superficialidad del pensamiento y de la propaganda se impone como política, la amenaza de que los buenos pasos se reviertan continuará estando presente en El Salvador. Superficialidad que ya estamos viendo cuando se convierte el surf y el café en consigna y propaganda salvadoreña que se impone y sustituye el recuerdo de personas como Mons. Romero, que nos advirtieron de los errores de la violencia estructural y señalaron la solidaridad y la justicia social como el mejor camino hacia la paz.