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J.M. Tojeira
Todos los sistemas judiciales tienen problemas. La burocracia, la complejidad de las leyes, la influencia de los sentimientos ciudadanos, la propia sensibilidad e ideas personales de los jueces, juegan con cierta frecuencia malas pasadas a la justicia que se quiere servir. Pero el problema más relevante de los sistemas judiciales es sin duda cuando se combinan leyes injustas con dependencia judicial de voluntades políticas. En general esa doble confluencia de leyes injustas y manipulación política de las mismas se suele dar en regímenes autoritarios.
En El Salvador ocurría ya esto en nuestro pasado inmediato, tanto en la burla corrupta de las leyes como en la utilización politizada de las mismas. Pero en la actualidad, con la continuidad sistemática del régimen de excepción los problemas se están agravando. Se solicita una legislación que convierta en prueba judicial los reportes policiales. Los jueces tienen miedo. Y tal vez por eso no tienen problema en pasar a proceso a trescientas personas presentadas en la audiencia inicial, decretando además prisión preventiva para todos. Y todo en un tiempo récord, sin revisar arraigos presentados por una defensa escasa que no cubre adecuadamente a la mayoría de los acusados.
Los detenidos simple y solamente por tener un tatuaje pueden quedar detenidos durante varios meses hasta que se demuestre su inocencia. La arbitrariedad convertida en ley está infectando el sistema.
Además de esto, los jueces tienden a entender el lenguaje oficial de la república como les da la gana. La Constitución puede decir objetivamente lo que sea, pero los jueces se sienten con la capacidad de interpretarla más allá del sentido objetivo de las palabras. Ya hace años varios jueces de cámara utilizaban en sus sentencias la palabra latente con el significado de público, cuando en realidad esa palabra es sinónimo de oculto.
Hoy la Corte Suprema hace malabarismos caprichosos con el lenguaje para burlar textos constitucionales. Si la racionalidad es uno de los elementos básicos de todo sistema judicial, la perversión del lenguaje destruye desde la base la estructura racional de la justicia. Si la incapacidad mental o física es un argumento para la destitución de un juez, el desconocimiento o la manipulación perversa del lenguaje en el que se hace justicia, algo tiene que ver con las razones mencionadas para la destitución.
A esto se suma la soberbia judicial, que utilizando un lenguaje abstracto y alejado de la comprensión de los ciudadanos, impedía antes y continúa impidiendo en la actualidad los pasos de los familiares para defender a sus deudos. No es raro que en ese ambiente se facilite la multiplicación de abogados comerciantes, verdaderas sanguijuelas, más interesados en el dinero que en la defensa de sus “clientes”.
Desde hace años un grupo de profesionales del derecho, por supuesto minoritario, ha venido abogando por la reforma del sistema judicial. De hecho tras los famosos Acuerdos de Paz, tan odiados por el gobierno actual, se reformó el Consejo Nacional de la Judicatura con esa finalidad reformadora. Pero la politización del mismo hizo que los esfuerzos de algunos de sus miembros se vieran pronto revertidos y el sistema judicial permaneciera en una inercia decadente. Hoy el mencionado Consejo ha perdido capacidad de incidir en la reforma judicial, y los jueces se hallan en unos momentos históricos en el que prácticamente se puede decir que han perdido una alta proporción de lo que normalmente se llama independencia judicial. Tampoco había antes demasiada, pero la tendencia es más de ir hacia lo mínimo que a crecer.
Tal vez parezca esta opinión demasiado negativa. Pero hay una fuerte preocupación en quienes creen en un gobierno de leyes racionales, controladas por jueces independientes y apegados a la Constitución, los convenios internacionales y la ley secundaria. Preocupación presente tanto en el ámbito jurídico como en el político.
Y no hablamos aquí de los charlatanes de siempre, que se llenaban la boca de palabras altisonantes de fidelidad a la patria y sus leyes mientras llenaban de dinero sus bolsillos. Hablamos de gente demócrata, preocupada por el bien común, los derechos humanos y la convivencia fraterna. Escuchar voces críticas, reflexionar sobre la marcha de un sistema que no responde a elementos básicos de legalidad e independencia, resulta indispensable para el desarrollo justo y construido sobre el bien común que se merece nuestro pueblo.
