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Blanca Flor Bonilla
Luchadora Social por los Derechos Humanos
En el territorio salvadoreño hay siete raíces originarias: Ulúas, Lencas, Cacaopera, los Chortís, Nonualcos, nahua-pipil y Pocomanes. Durante décadas, la mayoría han dejado de usar sus trajes autóctonos y no hablan su lengua natal porque han sido víctimas de la expropiación de sus tierras y de etnocidios perpetrados por gobiernos y empresas privadas. Han sido y siguen siendo víctimas de la marginación, empobrecimiento, enfermedades y violencia y, en algunos casos, el exterminio como pueblos1. Las comunidades que sobrevivieron se concentraron en los territorios que ahora son los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz, San Vicente y Morazán. Estos se vieron forzados a incorporarse al sistema de producción colonial, cuyo eje fueron las haciendas y la encomienda bajo mecanismos de dominación y explotación.
Los derechos sociales y culturales reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas tales como educación, lengua y cultura, medicina tradicional e identidad y pertenencia encuentran dificultades para su pleno goce y ejercicio frente al Estado Salvadoreño. El convenio 169 de la OIT sigue sin ser firmado y ratificado hasta la fecha. Estos derechos están reconocidos en la Ley “Declaración por los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, en la Región del Sistema de Integración Centroamericana, Ístmica e Insular”, aprobado por el Parlamento Centroamericano en septiembre del año 2019, pendiente de ser aprobada por la Cumbre de Presidentes del SICA.
Dos momentos históricos de etnocidios: 1833 y 1932. En 1833 Anastasio Aquino dirigió la sublevación de los Nonualcos contra el gobierno, por la explotación en las plantaciones de añil, despojo de tierras indígenas, reclutamiento forzoso y la imposición de nuevos tributos. Fue sofocada después de algunos meses. Anastasio Aquino fue ejecutado y se procedió a una intensa represión contra la población indígena y principalmente contra los Nonualcos. Ser indígena era objeto de sospecha y una sentencia a muerte. En 1932 en el departamento de Sonsonate –región de los Izalcos, que incorpora varios municipios– tuvo lugar la insurrección indígena campesina, liderada por Feliciano Ama y Agustín Farabundo Martí, quienes fueron capturados y fusilados. Sus demandas eran por mayor autonomía a las comunidades y por recuperar las alcaldías ganadas en elecciones en 1931. Maximiliano Hernández Martínez presidente golpista y militar, dejó un saldo de 32,000 muertos al inicio de su dictadura, que representó el 28,5% de la población de la región.
Durante el conflicto armado (1980-1992) las comunidades indígenas fueron afectadas por los combates y represión perpetuadas por el ejército. La matanza de “Las Hojas” (1983) es ejemplo de ello, 74 campesinos fueron ejecutados por el ejército, eran cooperativistas afiliados a ANIS (Asociación Nacional Indígena Salvadoreña2.
Los derechos humanos para los pueblos indígenas son precarios. Un 61,1% de ellos vive en pobreza, y un 38,3% en extrema pobreza. El sistema jurídico salvadoreño parte de una concepción de estado monocultural. Las principales preocupaciones de las asociaciones indígenas en cuanto a la educación son tres: 1. La falta de una educación multicultural, orientada a la realidad de su medio y a la enseñanza de su lengua y sus tradiciones. 2. La progresiva pérdida de los saberes tradicionales y el abandono de las costumbres por parte de las nuevas generaciones, las cuales se ven obligadas a emigrar y abandonar sus raíces. 3. La marginación del sistema educativo institucional de los ancianos y líderes de las comunidades, como portadores del saber y la tradición oral3.
Los pueblos indígenas, posterior a los Acuerdos de Paz en 1992, empezaron a salir a la vista pública, están fortaleciendo por cuenta propia sus organizaciones comunitarias, están activos. Producto de estas luchas, la Asamblea Legislativa de El Salvador, reconoció la existencia de los Pueblos Indígenas, ratificada la reforma constitucional en el año 2014, en el Art. 63, que textualmente dice: “… EL SALVADOR RECONOCE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ADOPTARÁ POLÍTICAS A FIN DE MANTENER Y DESARROLLAR SU IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, COSMOVISIÓN, VALORES Y ESPIRITUALIDAD”.
Los pueblos indígenas fueron participantes protagónicos y activos, en la formulación de la Ley sobre Derechos de Pueblos Indígenas, presentada a la Asamblea Legislativa en el año 2017, de igual manera construyeron la Política Nacional sobre Derechos de Pueblos Indígena. La ley presentada fue enviada al archivo el uno de mayo 2021 y la política es desconocida para su ejecución. Los retos y desafíos para conquistar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en El Salvador, un sueño pendiente de concretizar.
1. Carlos Ruano, Grupos Étnicos de El Salvador, octubre 2019. El Salvador.
2.Mariella Hernández Moncada, antropóloga. Pueblos Indígenas de El Salvador: La visión de los invisibles, agosto 2020, El Salvador.
3.Parlamento Centroamericano-PARLACEN. Segundo Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas en El Salvador. 11 y 12 de marzo 2020.
