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La polémica Sala de lo Constitucional volvió a generar morbo político al solicitar por segunda vez a Casa Presidencial que entregue información referida a los viajes del expresidente de la República, viagra sale Mauricio Funes Cartagena.
Es de recordar que las exigencias de información sobre el Gobierno del expresidente Funes se iniciaron hace un par de años, buy cialis en respuesta revanchista porque Funes Cartagena puso al descubierto el modus operandi de la corrupción en los Gobiernos de ARENA. Y es que hasta hoy, viagra no hay ni una tan sola denuncia en firme contra el expresidente Funes ni ante la Fiscalía ni en los juzgados competentes.
El tema de los viajes de Funes, quien asegura que no fueron más de 80 en el quinquenio, de los cuales el 90% son oficiales, no pueden sustentar ninguna acción delictiva ni de corrupción, más bien se trata de desprestigiar y desviar la atención de los verdaderos casos de corrupción y delictivas en los Gobiernos de ARENA, como ha quedado muy claro con el caso Francisco Flores, que desvió una ayuda millonaria de Taiwán y presumiblemente utilizó el mecanismo del lavado de dinero.
Recientemente, en un programa televisivo, Mauricio Funes, al referirse a este tema y los “criterios” que la Sala de lo Constitucional utiliza para que Probidad investigue supuestos casos de enriquecimiento ilícito, no dudó en señalar que “hay una conspiración de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco y Belarmino Jaime, por la forma en la que deciden a quién auditar, ya que habiendo 7 mil funcionarios, por qué solo investigar los bienes y fondos del exmandatario”.
Al exmandatario Funes le parece sospechoso que, desde 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia reactiva la unidad de Probidad, no se preocupó por investigar a los exfuncionarios de Gobierno, incluido al expresidente Flores, que precisamente cumpliría los diez años que la ley determina, para que un acto de enriquecimiento ilícito prescriba.
Incluso, funcionarios del último Gobierno de ARENA, señalados en sospechosas irregularidades, como el caso de la exvicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar, por el Caso FECEPE, no estén en las prioridades de la Sala de lo Constitucional.
Como muy bien reflexiona Funes, él y los funcionarios de su Gobierno, tienen el tiempo suficiente para que sean investigados, por lo que, las pesquisas de la Corte deberían enfocarse en aquellos funcionarios que por efecto de ley, sus casos podrían prescribir.
Da la impresión, que la Sala de lo Constitucional, a través de probidad, quieren dar la idea ante la opinión pública de estar persiguiendo la corrupción, el enriquecimiento ilícito, pero, dejando adrede que el tiempo pase para que prescriban los casos de los gobierno de ARENA de Francisco Flores y Elías Antonio Saca.
La ciudadanía, que en efecto debe estar interesada de los temas de corrupción, también debe tener claro la sospechosa actuación de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que utilizan como criterio único para investigar “el olfato”.
