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Elisa Meza Romero
Las pensiones de los trabajadores jamás debieron pasar a manos de usureros, más bien el Estado las debió haber recuperado en el primer gobierno, ya que tiene la potestad de velar por los intereses de los trabajadores y los derechos de la población en general, por su carácter organizativo. Las pensiones no debieron ser privatizadas, pero las mentiras que se vertieron entusiasmaron a muchos trabajadores que cayeron en la trampa de los comerciantes que calcularon el enriquecimiento a costa de los fondos de pensiones. Las instituciones estatales creadas para administrar el servicio de las referidas pensiones no habían quebrado, funcionaban normalmente, pero el ardid de los que trataban de apoderarse de dichos fondos con la finalidad de crear un negocio con potenciales y financiado por los mismos trabajadores era atractivo, muy atractivo y los trabajadores no se percataron desde el primer momento. Desde el primer momento del gobierno del FMLN debió de hacerse el estudio necesario en relación al cambio del concepto de PENSIÓN al de ahorro individual; inconcebible desde todo punto de vista.
Luego, lanzar la falsa alarma que INPEP estaba por quebrar, además pusieron como exigencia que los trabajadores de 30 años de edad hacia abajo debían pasar a las AFPs obligatoriamente, dejando a INPEP y al Seguro Social pagando pensiones sin ninguna reserva, obligando al Estado a pagar las pensiones de quienes no se cambiaron al nuevo sistema de AHORRO individual, no pensión.
Y hábilmente el expresidente Armando Calderón Sol se las ingenió para la aprobación de dicha Ley, sin que ingresara la misma a la Asamblea Legislativa con sólo la firma de 13 diputados de ARENA, o sea, a hurtadillas. La Asamblea calló, los que admitieron como buena la oferta creyeron que habían ganado, no hubo reacción ninguna de parte de los trabajadores, algunos concibieron oportuno jubilarse y continuar trabajando, sin analizar que al final cuando ya no puedan continuar en el trabajo, no tendrán pensión alguna y qué pasará? Sin embargo, han pasado los años y hay quienes ya llegaron al momento de su jubilación y les han entregado sus ahorritos para un escaso tiempo de pensión.
En estos momento todavía es tiempo y sin parar la lucha de recuperar lo perdido, pero sin descanso, el negocio de las pensiones debe pararlo el gobierno y salvar a los trabajadores engañados. Las pensiones deben pasar a la fiscalización del Estado sin ninguna participación empresarial. Las organizaciones sociales deben apoyar a las organizaciones sindicales para que unidos representen al pueblo, sembrado en una crisis económica por todos los robos en los cuatro gobiernos de ARENA que manejaron el Estado como cosa propia y se repartieron todos los ingresos del FISCO desde 1989; iniciando con el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani y esta es una deuda que los dos últimos gobiernos dejan pendiente, si no es que manos a la obra desde ahora se proceda, aunque debió de haberse hecho con tiempo, pero al final es mejor tarde que nunca.
Con los problemas del FISCO no debe meter la mano ni un solo PARTIDO POLÍTICO. Es al gobierno que le compete solventar las cuentas y para ello tiene todas las facultades, por tanto, los diálogos no han sido más que las armas a las que ha echado manos como ANEP a través del partido ARENA para escudarse y mantener en su poder el botín de las privatizaciones a su servicio. De modo que en manos de los MOVIMIENTOS SINDICALES y las ORGANIZACIONES SOCIALES deben unificar criterios y al unísono exigir la vuelta de las pensiones a sus lugares de origen y que los administradores respondan los faltantes en los ingresos de los trabajadores cotizantes en las AFPs.
Las privatizaciones de todas las propiedades del Estado sustraídas desde 1989 el expresidente Alfredo Cristiani hasta el último, expresidente Antonio Saca, deben ser enjuiciados para que respondan por el saqueo que le hicieron al Estado en los 20 años de malos gobiernos. Basta ya de complacencias por parte del gobierno, pues lo único que han hecho es que ha pasado el tiempo y la población va perdiendo las esperanzas de que el país tome su rumbo hacia una estabilización esperada.
En otros países han llegado a mejores conclusiones y la población los ha apoyado. Los salvadoreños estamos en posición de apoyar las mejores opciones antes que termine este tiempo. Los economistas sociales pueden ofrecer al gobierno las mejores asesorías que le sirvan de base para un estudio consciente para una toma de decisión en que se defina el verdadero rumbo del país, en beneficio de la población pobre.
Al continuar con diálogos estériles que más bien le sirven a la derecha para hacer perder tiempo al gobierno y ellos salir con la suya de quedarse usufructuando los bienes del Estado.-
El Artículo 106.- de la CONSTITUICIÓN del l6 de Diciembre de 1983 y que expresa que: SE PODRÁ EXPROPIAR SIN INDEMNIZACIJÓN LAS ENTIDADES QUE HAYAN SIDO CREADAS CON FONDOS DEL ESTADO. Casualmente todos los bienes robados al Estados y privatizados, fueron creados con fondos del pueblo ingresados al Estado en su momento. Las mayúsculas son mías.
Este artículo le da las armas al gobierno, lo importante es que las utilice.
