Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
José M. Tojeira
Una de las debilidades más fuertes de la persecución penal son los testigos criteriados. En repetidas ocasiones se ha demostrado que estos mismos testigos criteriados son criminales que a cambio de denunciar a otros ven reducida su pena. En otras ocasiones se ha hecho evidente que este tipo de testigos miente. Sus reconocimientos de supuestos delincuentes se hacen de vez en cuando no tanto en rueda de sospechosos sino a través de fotografía. El afán de la policía y la fiscalía por dar la impresión que combaten a la criminalidad les lleva a redadas masivas en las que los detenidos tras una serie de procesos y permanencia en la cárcel, terminan siendo sobreseídos. No faltan jueces por otra parte que tienen miedo a una opinión pública que, desesperada por delincuencia, quiere mano dura y ver detenciones de delincuentes. La misma Fiscalía, cuando el juez no le da la razón, tienden a poner en la picota pública al juzgador. La presencia de algunos jueces corruptos en el sistema juega tanto a favor de condenas injustas como de absoluciones arbitrarias. La ley se usa al capricho en vez de aplicarse con un criterio de racionalidad eficiente.
Los casos de testigos criteriados falsos o amañados se han repetido con cierta frecuencia. Sin embargo hay jueces que prefieren creer a un testigo criteriado que está acusando a un buen número de personas, que a médicos especialistas que declaran sobre enfermedades, o a empleadores que insisten en que la persona acusada tiene un trabajo constante y permanente que en lógica está reñido con la actividad de la que se acusa a una persona. Acusaciones como la de “postear” o servir de vigilante de una organización pandillera, son difíciles de probar. No basta con que lo diga un testigo criteriado, sino que sería necesaria una grabación telefónica que lo compruebe. En realidad es una contradicción querer derrotar a la delincuencia apoyándose en la propia delincuencia. Aunque es normal utilizar en algunos casos a delincuentes arrepentidos, carece de lógica que la mayoría de las detenciones, especialmente de las grandes redadas se basen en algo muy semejante al chambre y el chisme en vez de en pruebas donde el componente científico sea más serio.
Si este modo de actuar se utilizara contra ese veinte por ciento privilegiado de El Salvador, las protestas serían múltiples, rápidas y obligarían tanto a fiscales, jueces y policías a cambiar de método. Pero todo indica que en esta sociedad clasista en que vivimos hay en la práctica dos sistemas judiciales. Uno más cuidadoso con las pruebas, más civilizado en el modo de actuar, más cuidadoso y respetuoso con el detenido, y otro indiferente ante el acusado si es pobre o vulnerable. No es raro eso dado que el país está acostumbrado al doble tratamiento de la población. A parte de los verdaderamente privilegiados, que viven en otro mundo y que no alcanzan ni al uno por ciento de la población, los estudios afirman permanentemente que en El Salvador un 20% vive desahogadamente, un poco menos del cincuenta por ciento está en lo que se suele llamar sector vulnerable, y un poco más del 30% viven en pobreza. El Estado se ha contentado no sólo con que esa situación se mantenga, sino que tiende a reproducir la sociedad clasista a través de sus propias instituciones. Eso se ve claro en la organización de la salud pública que tiene diferentes sistemas, en los que se favorece más a unos y se margina gravemente a otros. Las graves deficiencias y desigualdades en la calidad educativa continúan la misma pauta. E incluso los salarios mínimos, con nueve diferencias según sector laboral, manifiestan un soberano desprecio por el trabajo de los más pobres y de los que tienen menos capacidad de protesta.
Los testigos criteriados acaban siendo una muestra más de ese modo de organizar el estado de un modo clasista. No es la capacidad del estado la que persigue al crimen, sino la utilización masiva y con frecuencia con poca racionalidad de pobres contra pobres, de vulnerables contra vulnerables. Y para colmo de males, se acusa hoy a los pobres en una alta proporción de delitos de terrorismo. Si se hubiera seguido este tipo de “técnica judicial” de testigos criteriados con respecto a los crímenes de la guerra civil, no hubiera quedado un coronel fuera de la cárcel. Ciertamente hubiera sido injusto, puesto que no hay duda de que al menos un buen número de coroneles no cometieron delitos de terrorismo. Pero por supuesto los coroneles pertenecen a otro estrato de la población. No al uno por ciento que desde su inmenso poder mantiene al país en esta situación clasista e injusta, sino al 20% en el que nos movemos muchos, a veces con muy poca preocupación por la suerte de los pobres.
El Salvador tiene que mirar hacia dentro. Cierto porcentaje de desigualdad no lo podremos evitar. Pero es contraproducente y peligroso mantener sin cambios una sociedad en la que sólo una quinta parte viva con cierta seguridad, mientras las otras cuatro quintas partes permanecen en la pobreza o en el riesgo de volver a la pobreza. El verdadero cambio pasa por la educación, por los salarios decentes, por las redes de protección social con mayor calidad y universalidad. Y por supuesto pasa también por la sustitución de jueces analfabetos, fiscales facilitones y policías vengativos. Sin decir que haya que eliminar la posibilidad de dar reducciones penales a algunos delincuentes que colaboren con la justicia, es necesario afirmar que el modo masivo de usar en la actualidad los testigos criteriados pone en riesgo la tutela efectiva de los derechos de las personas. Basta leer los periódicos para ver que la utilización de los mismos no es el mejor camino para la reducción de la violencia ni para la lucha contra el crimen.
