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El próximo uno de junio, el presidente Nayib Bukele cumplirá su tercer año de gobierno, y de acuerdo con mediciones serias, lo acompaña todavía una gran popularidad, pese a sus fracasos y a su autoritarismo.
Pero esa popularidad ya no es del “97% contra el 3%”, como el mandatario se ufanaba o se mofaba, pues poco a poco la gente le está quitando el apoyo, por eso en las encuestas la nota para el presidente ya no es de 9, sino 7, lo que indica que su popularidad disminuye poco a poco.
Decimos arriba, que la popularidad del mandatario se mantiene pese a sus fracasos, porque, en efecto, ha tenido muchos fracasos, entre otras cosas porque este gobierno no tiene Plan de Gobierno, no planifica, todo es improvisado.
Quizá lo único que planificó fue el tema de la delincuencia, que por cierto será el principal logro que presentará en su discurso o en sus “tuits” del uno de junio, pero también es su principal fracaso, si lo analizamos a partir de lo que ocurrió a finales de marzo, cuando se dispararon los homicidios. Solo el 26 de marzo hubo 62 homicidios a escala nacional.
Decimos que es lo único que planificó, porque bajar los homicidios al 50% fue producto de una negociación oscura con los grupos delincuenciales, así ha quedado claro en un trabajo periodístico de El Faro.
Es decir, la disminución de los homicidios no fue producto de una acertada política de seguridad pública y, por lo tanto, del Plan Control Territorial, pese a su financiamiento millonario y el más propagandizado.
Y lo anterior se demuestra con los audios que El Faro presentó, donde se escucha a un alto funcionario del Gobierno de Bukele conversar con cabecilla de la MS, reconociendo no solo el pacto entre las pandillas, sino el rompimiento de ese pacto, que los salvadoreños lo pagaron con la sangre por los 87 asesinatos de finales de marzo.
¿Qué llevó a Bukele a romper el pacto con los grupos delincuenciales?, no se sabe, pero a partir de allí, el gobierno ordenó la captura de los pandilleros de forma masiva, y para ello, sin que fuese necesario, decretó un Estado de Excepción, con lo que eliminó varias garantías de la población, y convirtió a cada salvadoreño en “sospechoso”.
Las capturas masivas de delincuentes y la propagandización, utilizando todos los medios de información, sobre todo en las redes sociales, le ha dado la sensación a la ciudadanía que el control del territorio ya es una realidad, y que hoy si la delincuencia ha disminuido. En este sentido, la ciudadanía no reflexiona, ni le importa, si para ello se han cometido ilegalidades, ni mucho menos si entre esos cerca de 40 mil capturados hay inocentes, si los 17 asesinados en los penales fueron inocentes. La gente, al menos más del 40% de la población, aplaude la medida.
O sea pues, en tema de seguridad, pese a las capturas y la aparente sensación de tranquilidad en el país, es también un fracaso, pues no fue producto de una política de seguridad, y por tanto, no se sabe si lo que se ha hecho hasta hoy será sostenible.
Pero hay otros fracasos más graves, y que a la ciudadanía le deberían importar, pero hay que aceptarlo, a la ciudadanía no le importa, y es el desmantelamiento institucional del país.
Ese desmantelamiento inició el 9 de febrero de 2020, cuando Bukele, acompañado de la policía y unidades del ejército fuertemente armado, ocuparon el Salón Azul de la Asamblea Legislativa en lo que hoy queda claro fue un fallido golpe de Estado al Órgano Legislativo.
El segundo paso del socavamiento de la institucionalidad del Estados ocurrió el uno de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, dominada por los partidos de Bukele (Nuevas Ideas y GANA), con el acompañamiento de los otros partidos órbitas, desmanteló la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, e imponer a magistrados afines al gobierno de Bukele.
Este fue un verdadero golpe de Estado al Órgano Judicial.
Ese mismo día, el oficialismo quitó al Fiscal General de la República e impuso al suyo. El mismo presidente Bukele, en una reunión privada con el cuerpo diplomático, que después transmitió en cadena de radio y televisión, aceptó que necesita un fiscal general de la república afín a su gobierno.
Posteriormente, Bukele promovió un decreto para quitar a un tercio de los jueces de la república, para sustituirlos por jueces afines. La excusa fue que los jueces tenían 60 años de edad o 30 años de servicio.
Todo lo hecho por la Asamblea Legislativa, violando no solo las leyes secundarias, sino también la Constitución de la República, afincan el autoritarismo del presidente Bukele, quien tiene el poder absoluto desde entonces y hace lo que quiere, lamentablemente, hasta hoy.
