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Por Leonel Herrera*
La amenaza del extractivismo minero contra el medioambiente y la vida de las personas está presente en toda América Latina, desatando la resistencia de pueblos originarios y organizaciones sociales.
En Ecuador, por demanda y presión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Corte Constitucional declaró nulo un decreto ejecutivo que aceleraba los trámites para la concesión de licencias a proyectos petroleros y mineros en territorios indígenas. Se trata del Decreto 754 emitido, en mayo de este año, por el ex presidente Guillermo Lasso.
En Panamá, las protestas de organizaciones ambientales y sociales tienen paralizado al país desde hace más de un mes. La población rechaza un contrato irregular del Estado con la minera canadiense First Quantum Minerals y ha obligado a la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que entró en sesión permanente el 24 de noviembre hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad.
Las organizaciones señalan condiciones desventajosas para el país y graves peligros ambientales. Las fuertes protestas ya obligaron al gobierno de Laurentino Cortizo a modificar drásticamente la política minera del país.
En El Salvador, la lucha antiminera por ahora pasa por la defensa de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES detenidos desde hace diez meses, bajo la acusación de cometer un supuesto asesinato hace 34 años, sin más prueba que el testimonio contradictorio de un testigo de referencia. Los ambientalistas fueron capturados tras alertar al país sobre claras señales de que el actual gobierno busca revertir la prohibición de la minería metálica.
Entre estas señales está la incorporación de El Salvador a un panel internacional que promueve la minería denominado “Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible”, en mayo de 2021; así como la aprobación de una nueva Ley de Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, que incluye minería metálica, en octubre del mismo año.
A diferencia de Ecuador y Panamá, donde hay instituciones más o menos independientes a las cuales acudir, en El Salvador la institucionalidad está totalmente cooptada. Por tanto, a Santa Marta y ADES no les quedó más opción que denunciar públicamente la grave amenaza que se cierne sobre el agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida en el país.
El espurio proceso penal contra los líderes comunitarios ha sido rechazado por movimientos sociales en el país, 250 organizaciones de treinta países, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU y hasta por un grupo de 17 congresistas de Estados Unidos. Sin embargo, el Estado salvadoreño hace oídos sordos a la demanda de liberarlos.
El objetivo es claro: debilitar la resistencia comunitaria en Cabañas para reactivar los proyectos mineros, sin importar los graves daños que ocasionarían, sobre todo con el uso intensivo de agua que dejaría sin el vital líquido a las comunidades y la utilización de miles de toneladas de químicos tóxicos como el cianuro que afectaría el medioambiente y la salud de las personas.
Por eso es necesaria una mayor presión social en favor de los líderes comunitarios: su defensa debe convertirse en una causa cívica nacional.
*Periodista y activista social.
