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Redacción Nacionales
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Las acciones del actual gobierno para combatir la corrupción “no son creíbles cuando se niega el acceso a la información pública y no se rinde cuentas”, señala la organización ciudadana SUMAR.
Dicha declaración es en reacción a la detención de Juan Pablo Durán, ex presidente Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), por supuestos “actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública”.
SUMAR considera que toda acción contra la corrupción es positiva; sin embargo, cuestiona que “otros ex funcionarios y ex funcionarias señaladas de corrupción no han sido enjuiciados”, entre éstos la comisionada presidencial Carolina Recinos, el ex ministro Pablo Anlíker y otros que son cercanos a Nayib Bukele.
Otros funcionarios como el director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad, Osiris Luna, partícipe de las negociaciones con pandillas, “también parecen gozar de protección especial”, advierte la organización ciudadana.
En su comunicado difundido en redes sociales, SUMAR recuerda que en mayo de 2021 los diputados del presidente “destituyeron ilegalmente al fiscal general que investigaba casos de corrupción”.
También considera que otra incoherencia de la lucha anticorrupción de Bukele es el cierre de la CICIES cuando ésta procesaba 12 casos de mal manejo de fondos públicos en la emergencia por COVID 19 y asesoraba a Fiscalía en otros 25 casos.
Finalmente, señala que el gobierno incumple compromisos internacionales en materia anticorrupción, provocando que -por ejemplo- El Salvador fuera expulsado de la Alianza por el Gobierno Abierto, iniciativa de 76 países y 106 gobiernos locales que impulsan la participación, transparencia, rendición de cuentas e innovación.
SUMAR demanda del gobierno un combate real contra la corrupción “venga de donde venga” y exhorta a la ciudadanía a “exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los funcionarios públicos, sin ninguna excepción”.
Ernesto Castro recibió fondos de la “partida secreta” de Mauricio Funes
El publicitado acto anti corrupción del gobierno también sucede mientras en el juicio del “Caso Saqueo Público” se revela que Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa y principal aliado político de Bukele, recibió fondos de la “partida secreta” durante el gobierno de Mauricio Funes.
Un perito de la Corte de Cuentas declaró que la empresa Castro Sol S.A. de C.V., propiedad de Castro y su esposa Michelle Sol, ministra de Vivienda, recibió más de medio millón de dólares supuestamente por dar servicio de alimentación al Batallón Presidencial en los años 2010 y 2011.
La captura de Durán, anunciada por el propio presidente en sus redes sociales, también se realizó en medio del escándalo provocado por las denuncias de abusos cometidos por militares en el marco del régimen de excepción, entre éstos la violación sexual de una niña de 13 años en Mizata, La Libertad.
