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Por María Fernanda Cruz
Tole/AFP
A orillas del caudaloso río Tabasará, viagra en el suroeste de Panamá, rx grupos de indígenas acampan, durmiendo en cartones, sin agua potable y con poco para comer, en resistencia pacífica contra la construcción de una hidroeléctrica en su territorio.
«Este es mi hogar y esta es mi tierra», dice Cecilia Jiménez, enfundada en un vestido rojo tradicional, casi en cuclillas sobre una piedra entre la maleza, en un sector de la comarca Ngöbe-Buglé, a poca distancia de donde se construye la represa Barro Blanco, una masa de concreto rodeada de tierra resquebrajada.
Hombres y mujeres de comunidades del Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada Caña bajaron de la montaña con sus hijos y nietos, hace poco más de dos meses, para acampar a la orilla del Tabasará, en la provincia de Chiriquí -fronteriza con Costa Rica-. Hasta allí, donde hay unos 200 según sus líderes- llegan misiones de ONGs con alimentos y medicinas.
No tienen agua potable, solo la de una naciente que queda a la otra orilla del río, ni servicios sanitarios. «Pero luz sí tenemos (…). La electricidad es de ellos, que se la dejen, pero sin nuestro río», dice Silvia Cabrera, cacique general de la etnia Ngöbe Buglé, la mayor de Panamá, donde el 10% de sus 3,5 millones de habitantes son indígenas.
Con las aguas del Tabasará, Barro Blanco, que construye la empresa hondureña Genisa, espera llegar a una capacidad instalada den 28,56 MW, pero inundará 258 hectáreas dentro de las que se encuentran predios de familias Ngöbe, y afectará a cientos de indígenas.
El conflicto, que en 2012 dejó al menos dos muertos y decenas de heridos en fuertes protestas en la carretera Interamericana, será una brasa caliente para el ganador de las elecciones generales del domingo en Panamá.
En vísperas de votaciones, medios de comunicación reportaron choques entre policías e indígenas que levantaron barricadas a la entrada del proyecto.
«Nos lanzaron bombas lacrimógenas, gas pimienta y balas de goma. A mí y a seis compañeros más nos hirieron», dijo a AFP vía telefónica el dirigente indígena Manolo Miranda.
Aunque la policía desalojó a un grupo el sábado, ellos insisten en mantener su campamento: «Todo lo que era nuestro está privatizado, entonces no vamos a salir de aquí», explicó Miranda.
¿Interés público?
Barro Blanco, declarado de interés público por el gobierno de Ricardo Martinelli, está terminado en un 80%, precisó Genisa mediante un correo electrónico a la AFP.
«Esa empresa es de Honduras. No es de interés público sino privado», reclama otro líder indígena, Ricardo Miranda, mientras levanta el puño como símbolo de resistencia y rebeldía.
El gobierno defiende la construcción de hidroeléctricas en un país de enormes recursos hídricos, argumentando que abaratará el costo de la energía y se dependerá menos del petróleo. Panamá tiene una demanda de electricidad de unos 1400 MW al día y casi la mitad del consumo es del sector comercial.
Según un documento de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, existen 24 proyectos hidroeléctricos aprobados o en construcción y otros 16 en estudio.
Ninguno de los tres candidatos presidenciales favoritos se opone a los proyectos hidroeléctricos. Juan Carlos Varela (derecha) abogó el domingo por el diálogo; el ambientalista Juan Carlos Navarro (socialdemócrata) promete incluir un indígena en su gabinete y el oficialista José Domingo Arias (derecha) no abordó el tema.
«No queremos su dinero»
Un tramo del Tabasará ha perdido parte de su fuerza por la presencia del embalse. Río abajo, un puñado de árboles caídos contrasta con el bosque tupido a un kilómetro de las obras de la represa.
«Este era nuestro bosque», cuenta la cacique Carrera, de cabello lacio y negro azabache cubierto bajo un sombrero de paja, mientras golpea contra su mano dos libros delgados: la ley creó su Comarca Ngöbe Buglé en 1997 y la ley de 2012 que prohíbe la minería y regula la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.
Los Ngöbe alegan que el gobierno violó la ley al permitir que iniciara el proyecto en 2012, sin consultar a la comunidad, que debe decidir en un congreso interno de dirigentes y, si es aprobado, ser sometido a referéndum en el pueblo.
Ricardo Miranda reconoce que hubo un acuerdo entre la máxima dirigente del congreso regional indígena y la empresa Genisa, pero señala que a espaldas del pueblo afectado.
El relator de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, James Anaya, constató en una visita en junio de 2013 que las consultas a los indígenas fueron inadecuadas, al igual que un peritaje del PNUD en setiembre pasado.
«El negocio con nuestra madre naturaleza está prohibido porque es un bien que jamás tendrá precio. No se puede vender para que otro la destruya. Ellos quieren pagarnos por irnos, nosotros no queremos su dinero», dice Ricardo Miranda.
En el campamento, colgado de uno de los pocos árboles en pie en el área privada de la represa, una manta reza: «Por Tabasará, la vida».
