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Yaneth Estrada
@caricheop
La Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (MDHUES) ve con gran preocupación como a diario muchos médicos y personal que conforma la primera línea de combate contra el COVID-19 muere en los hospitales. Hasta el momento, el STISSS y Colegio Médico estiman que cerca de 98 médicos, enfermeras y personal de salud fallecido en las últimas semanas.
De tal forma, que el MDHUES denunció ante la población salvadoreña y la comunidad internacional, “el incumplimiento por parte del Gobierno de la República, de lo estipulado en la Sentencia 209- 2020 de la Sala de lo Constitucional, de fecha 18 de mayo del presente año, en la cual se le ordenó (por segunda vez) al ministro de Salud, Francisco Alabí, entregar a la brevedad posible el equipo de bioseguridad al personal que se encuentra trabajando con los pacientes positivos y sospechosos de contagio de COVID-19”.
En dicho amparo, la Sala de lo Constitucional ordenó a las autoridades de salud a que se elaborarán un registro de las personas que se encuentran identificadas como positivos con la siguiente información, sus nombres o datos de identificación, su registro de salud, lugar de procedencia en el que posiblemente adquirió el virus, área en la que se desempeña o encuentran hospitalizados, debiendo detallar el número de personas con las que se comparte dicho lugar y si los campos o espacios destinados a cada paciente guardan distanciamiento adecuado.
Al Ministerio de Salud (MINSAL), en coordinación con los directores de los Hospitales Nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), se les instruye que informen, con base a los estados médicos idóneos y los criterios emitidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) si existiera la posibilidad de contagio entre pacientes de cepas distintas, por su procedencia de otros países y de ser afirmativo deberán tomar las medidas sanitarias preventivas eficaces.
“Hoy (ayer) vence el plazo para que el ministro de Salud y la directora del ISSS entreguen la información que ha solicitado la Sala de lo Constitucional, el primer plazo se venció el 23 de mayo, en esta ocasión esperamos se cumpla y se entreguen los informes”, dijo Jeimy Magaña, Coordinadora de Maestría de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES.
Además, en los informes se solicitan los nombres de médicos y enfermeros personal técnico contagiados de COVID-19, los lugares donde se contagiaron, también se está solicitando cuántos trajes de bioseguridad se entregaron, cuánto tiempo dura el traje de seguridad y la periodicidad con la que se están entregando estos trajes a todo el personal técnico, de no presentar lo requerido, se ha solicitado a la Sala de lo Constitucional, una audiencia de medidas cautelares.
Piden vigilancia epidemiológica
Concentrados en La Plaza a la Salud, médicos y enfermeras llamaron a las autoridades de Gobierno a cambiar de estrategia para combatir el COVID-19, a dejar de lado la Cuarentena Estricta e implementar una vigilancia epidemiológica.
“La vigilancia epidemiológica activa en las comunidades, la búsqueda activa de casos, el aislamiento (de estos casos) y de sus contactos es lo que recomienda la OMS, y es lo que han hecho los países que han tenido éxito con el manejo de sus pandemias”, destacó Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico.
Para el sector, que ya reciente la muerte de 98 colegas, la estrategia del Gobierno es equivocada porque se centra en atención en hospitales, donde llega un 5 % de personas que se enferman, pero hay un 80 % que no necesita una atención hospitalaria (pacientes asintomáticos) y son los que están contagian a las demás personas. “Es ahí donde debemos enfocarnos, en el trabajo preventivo, en el trabajo de primer nivel que es algo que no se ha desarrollado”, destacaron.
Este jueves, El Salvador alcanzó los 13,377 casos confirmados de COVID-19, con 272 personas fallecidas y 5,723 personas sospechosas.
