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Iosu Perales
El juez brasileño Sergio Moro ha decretado prisión para el expresidente Lula da Silva por “convicción de culpabilidad”, sin pruebas, lo cual me parece insólito. Lo ha hecho jaleado por las cadenas televisivas O Globo y Record, voces de los sectores más conservadores del país, así como también por algunos generales que han pasado peligrosamente las líneas rojas de su no intervención en política. A Lula se le acusa de haber recibido un apartamento a cambio de favores, pero ni el juez Moro ni ningún otro tribunal han podido encontrar pruebas que lo demuestren, mientras el expresidente, favorito para las elecciones presidenciales de octubre 2018, declara una y otra vez su inocencia.
Brasil siempre ha estado bajo los efectos de una corrupción sistémica. Las grandes empresas, sobre todo multinacionales, sobornan a políticos y gestores públicos para obtener contratos. Se cifra que un 30% del gasto de contratos públicos va a la corrupción. Es relevante el hecho de que a finales de 2017 se encontraban detenidas 20,000 personas, en situación de control judicial y 300 empresarios y políticos estaban detenidos. Es verdad que el Partido de los Trabajadores que llegó al Gobierno en 2003 tampoco está libre de esta tormenta. De hecho, Antonio Palocci, ministro de la Presidencia de la presidenta petista Dilma Rousseff tuvo que dimitir en junio de 2011, acosado por la corrupción. También dimitió José Dirceu, primer jefe de Gobierno con Lula como Presidente, que acabó en la cárcel por haber financiado ilegalmente a su partido y aprovecharse personalmente.
Sin embargo, el arquetipo de corrupción lo representa el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, creado durante la dictadura militar, y cuya ideología no es otra que la de venderse al mejor postor, con tal de obtener grandes sumas para el partido y para los bolsillos de sus dirigentes.
Pero ¿Dilma y Lula? Dilma sustituyó a Lula el 1 de enero de 2011, y tuvo la presidencia hasta que fue sacada del gobierno mediante un golpe parlamentario en agosto de 2016. Pese a distintas y meticulosas investigaciones nunca le han podido acusar de corrupción personal. Su destitución, coordinada por el presidente del Congreso Eduardo Acunha, en la cárcel, se basó en que había llevado a cabo una transferencia financiera entre cuentas del Estado para mantener los programas sociales. En el caso de Lula, cuyos gobiernos (2003-2011) redujeron la extrema pobreza en 40 millones de personas (208 millones de habitantes tiene Brasil), las acusaciones contra él están basadas en denuncias de procesados que lo inculparon a cambio de reducción de los cargos contra ellos, sin que aportaran pruebas. De hecho se le acusa de haber recibido de una constructora un apartamento en la playa, pero lo cierto es que la propiedad sigue estando en la empresa OAS que es un conglomerado empresarial brasileño, y Lula jamás ha visitado dicho inmueble. Parece bastante inverosímil que un expresidente se juegue el todo por un apartamento de fin de semana, cuando en su agenda figura desde hace años volver a presentar su candidatura presidencial.
Quienes conocen muy de cerca a Lula coinciden en que se trata de una campaña que busca echarle de la contienda electoral de octubre 2018, cuando lleva una notable ventaja sobre los demás candidatos. Me he fijado cómo el expresidente más austero del mundo y probablemente de la historia, Pepe Mújica, expresa una y otra vez su solidaridad y apoyo a Lula: Mujica cree en su inocencia y afirma que su encarcelamiento sin pruebas es la muestra de que los latifundistas y las multinacionales quieren eliminarlo del tablero político. “Presentía que algo así pudiera pasar”, dice el veterano uruguayo. Por su parte el teólogo brasileño Leonardo Boff afirma: “La desestabilización para tratar de destruir liderazgos carismáticos no requieren de la vía militar, basta con la vía judicial. Tratan de destruir las políticas sociales para los pobres que encarna Lula, mediante una alianza de parlamentarios derechistas, sectores judiciales, del ministerio público y de la policía federal”. Frei Betto que fue asesor especial del presidente Lula y coordinador de movilización social del programa Hambre Cero, siendo muy crítico con algunas políticas económicas del PT, afirma: “Todos estamos a favor de un duro combate contra la corrupción. Pero el juez Moro politizó su actuación en una clara persecución al Partido de los Trabajadores (PT). La justicia brasileña sigue alcanzando selectivamente a algunos empresarios y políticos y es indiferente a las estructuras injustas, a los derechos de los pobres y excluidos”. El dominico Betto añade: “La mayoría del pueblo brasileño está dispuesta a elegirlo presidente por tercera vez”. Esto último es justamente lo que no puede permitir una derecha que ha dominado por completo todas las estructuras económicas y políticas del Brasil.
El caso es que el encarcelamiento de Lula ha desatado una tormenta nacional de envergadura. Según el prestigioso sociólogo catalán Manuel Castells, Organizaciones Empresariales y otras de tipo golpista como el Movimiento Brasil Libre, así como billonarios estadounidenses, financian manifestaciones en la calle a favor de una derecha alternativa de corte antidemocrático, al mismo tiempo que las multitudes partidarias de Lula plantean la lucha en todo el territorio nacional. Los primeros quieren la cabeza jurídica de Lula, los segundos aspiran a hacerlo de nuevo presidente. En esta línea se ha levantado una campaña internacional por la libertad del sindicalista Lula.
La batalla entre la oligarquía y las mayorías populares será feroz hasta el final. Según el líder del Movimiento de los Sin Tierra, Joao Pedro Stédile, la oligarquía del agronegocio no va a permitir de buen grado el regreso de Lula o de otro presidente del PT. Stédile, siempre crítico y siempre leal a Lula tiene clara una lección: “sería bueno que en este proceso la izquierda aprendiera la lección de que no es bueno aliarse con corruptos pues algo se pega”. El PT colocó a Michel Temer como vicepresidente en el gobierno de Dilma Rousseff y hoy está en prisión y con pruebas. Se robó 40 millones de dólares para su partido.
