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Brasilia / Prensa Latina
La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva solicitó al Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF-4) suspender el juicio previsto para el martes sobre asuntos pendientes en el llamado caso Atibaia.
Los abogados defensores del exdirigente obrero estiman que la ruptura entre el presidente Jair Bolsonaro y el exministro Sérgio Moro, y las posteriores declaraciones del gobernante refuerzan la sospecha de que el exjuez no tenía ninguna exención para juzgar a Lula en este y otros casos.
Entre los nuevos hechos revelados que justificaría el aplazamiento del juicio está la confirmación, por parte de Bolsonaro, de que había una promesa para que Moro, todavía magistrado federal, fuera nombrado ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) después de pasar un período en el Ministerio de Justicia.
Según la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores, las negociaciones entre ambos, ‘una vez calificadas en estos registros como especulación y que no hay nada concreto’, han sido ahora claramente admitidas por el mandatario ultraderechista.
‘Más de una vez, el Sr. Sergio Moro me dijo: Puedes comerciar con (Mauricio) Valeixo, sí, pero en noviembre, después de que me remitas al Tribunal Supremo. Lo siento, pero no es así. Reconozco sus cualidades. Cuando llegues, si un día puedes hacer un buen trabajo, pero yo no cambio’, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa.
Argumenta la defensa de Lula que existen varios hechos que demuestran la sospecha del Moro y el consiguiente compromiso de toda la investigación de este caso.
Entre los actos está que el exjuez se unió al gobierno de Bolsonaro con la promesa declarada de tomar un asiento en la Corte Suprema.
‘Las pretensiones políticas del exjuez Sergio Moro no surgieron repentinamente solo después de las elecciones de 2018 (cuando asumió la cartera de Justicia en el gobierno de Bolsonaro)’, precisan los juristas.
Por el contrario, apuntan, ‘tienen un origen anterior, como siempre ha dicho esta defensa en base a varios elementos’ y con la intención de perjudicar a Lula.
El TRF-4 analizará si realmente el expresidente se benefició de las obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una finca en Atibaia, en Sao Paulo, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
