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@RosmeriAlfaro
“No es de ahora que la oposición, site sobre todo la representada por ARENA y ANEP, nurse insisten que el gobierno es incapaz de combatir y frenar la delincuencia o de que el gabinete de seguridad pública debería de ser destituido y nombrar en su lugar a funcionarios más idóneos y competentes”, pharm expresó el periodista y ex presidente de la República Mauricio Funes ante las especulaciones que se han desatado luego de que el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén expusiera algunas de las medidas a desarrollar para hacer frente al auge delincuencial.
Ayer, el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa una Iniciativa de Ley de Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias para cerrar la puerta a acciones delictivas planificadas por delincuentes desde las cárceles, las cuales esperan sean aprobadas hoy en una sesión extraordinaria para tratar solo ese tema.
Las disposiciones, por ahora, abarcan siete de los 19 centros penales, donde se encuentran encarcelados miembros de las pandillas, que desde el martes fueron declarados en estado de emergencia, y consisten en la suspensión de visitas familiares, íntimas e incluso de abogados defensores.
De acuerdo con el Presidente de la República entre las medidas tomadas al interior de centros penales se encuentran la restricción de libertad ambulatoria, restricción de visitas y suspensión o destitución de empleados.
“Ninguna de las medidas que se presentaron a la Asamblea Legislativa suspenden o buscan suspender garantías constitucionales”, expresó el expresidente durante su programa Sin Censura que transmite radio La Chévere.
“¿A qué viene entonces este temor que la oposición intenta infundir incluso sin conocerse el detalle de las medidas?”, se cuestionó, alegando que “nunca hemos escuchado al Presidente de la República o miembros de su gabinete hablar de que se iban a nublar estas garantías constitucionales ni en todo el país ni tampoco en los municipios más golpeados por la delincuencia”.
Además, insistió en que ningún funcionario del gabinete de seguridad actual responsable de las medidas que se han propuesto, ni el propio Presidente de la República han hablado de suspender las garantías constitucionales como el derecho de expresión, libertad de prensa, el derecho de asociación o la libre movilización de los ciudadanos.
Yo les pregunto a los señores de ARENA y ANEP ¿cuál de las medidas que fueron propuestas a consideración de la Asamblea Legislativa para su análisis, suspenden las garantías constitucionales o tiene que ver con coartar la libertad de prensa, de expresión, libertad de movilización o la de asociación?”, dijo.
También agregó que “no se está restringiendo ninguna de estas libertades, tampoco se está impidiendo que los ciudadanos puedan asociarse lícitamente para demandar sus reivindicaciones más sentidas y menos se está impidiendo la libre movilización en el territorio nacional ni siquiera en los municipios de mayor incidencia delincuencial”.
Según Funes, el propósito que se desprende del análisis de estas medidas, es tener un mayor control de los centros penales que es de donde sale, de acuerdo con la inteligencia policial, buena parte de las órdenes de ejecución de homicidios y masacres como ha venido ocurriendo en las últimas semanas.
“Si se aplica en un cien por ciento el bloqueo de señales telefónicas al interior de los recintos penitenciarios y si se realizan allanamientos y decomisos frecuentes en los penales de material delictivo sobre todo de celulares y chips esto va a permitir reducir la cantidad de homicidios y extorsiones que se cometen a diario y que son ordenados de los centros penales”, manifestó.
De acuerdo con el exmandatario, la reclusión de los cabecillas de las principales pandillas en zonas de mayor aislamiento e incomunicación también reducirá considerablemente la cantidad de homicidios y masacres ordenadas y planificadas por estos, dentro de los centros penales.
Asimismo, opinó que la depuración del personal de seguridad en los centros reclusorios evitará la tolerancia que ha habido hasta ahora y la complicidad de algunos de estos custodios en la comisión de delitos.
“No cabe duda que si luego de la requisa se encuentran teléfonos celulares, chips, cargadores, drogas e incluso armas de fuego, es porque los custodios han sido cómplices y han permitido su ingreso”, aseveró.
“El reforzamiento de los controles de seguridad en el perímetro de los centros penales tampoco tiene que ver con suspensión de garantías constitucionales, esto a la larga puede evitar la colaboración de las estructuras territoriales de las pandillas con los cabecillas que guardan prisión en la medida que muchos de ellos se hospedan o se quedan en casas o los negocios cercanos a los centros penales”, añadió.
Funes también expuso que para implementarse esas medidas, el gobierno debe contar con los recursos necesarios por lo que manifestó que la sala de lo constitucional debería desbloquear los 900 millones de dólares en bonos que fueron aprobados hace más de un año y si esto no es posible “la Asamblea Legislativa tiene como responsabilidad la de aprobar por mayoría calificada una nueva emisión de bonos que permita contar con la disponibilidad financiera que estos planes demandan”.
“Estas acciones anunciadas por el gobierno tampoco deben ser vistas como la panacea ni como la solución definitiva del problema de la delincuencia y la violencia en el país. Estas forman parte de una cadena de acciones de planes y programas que han sido diseñados con una visión estratégica e integral de largo plazo”, advirtió.
