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Buenos Aires/AFP
El presidente argentino Mauricio Macri cumplió su palabra este viernes al confirmar su veto a una ley antidespidos aprobada por la oposición en el Congreso con apoyo sindical, que puso en alerta a los gremios que amenazan con movilizaciones de calle.
Macri consideró la ley aprobada el jueves como una medida «antiempleo» en un momento en que la tercera economía de América Latina está estancada.
A su juicio, la norma legal no ayuda a «hacer crecer» el clima de confianza que su proyecto de país necesita para «llevar a más y más trabajo» con nuevas inversiones.
En Argentina, país azotado por la alta inflación que ronda el 20% en lo que va de 2016, y noticias de despidos en los sectores público y privado, la ley antidespidos impulsada por la oposición kirchnerista centró el debate público en las últimas semanas.
«Voy a vetar la ley que para mí es antiempleo», dijo Macri en una conferencia de prensa en una empresa avícola en las afueras de Buenos Aires, que reabrió recientemente tras un largo conflicto laboral e incluso un violento enfrentamiento con policías en diciembre.
La elección del lugar para dar a conocer el anuncio generó críticas entre sindicalistas.
Según el mandatario, el Congreso controlado por la oposición «propone leyes que congelan el trabajo» y no promueven nuevas contrataciones.
La ley antidespidos declaraba una emergencia ocupacional por seis meses, durante los cuales un trabajador despedido sin causa puede solicitar su reincorporación inmediata o percibir doble indemnización.
Fue impulsada por la oposición del kirchnerista Frente para la Victoria (FpV) pero, tras su aprobación en abril en el Senado, logró que en Diputados la votara también gran parte de los representantes del Frente Renovador (peronista antikircherista), la oposición más conciliadora con el Gobierno.
Los líderes sindicales de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, en las antípodas políticas durante el kirchnerismo (2003-2015) y reunidos con Macri, amenazaron con convocar a un paro nacional.
El diputado de la Coalición Cívica ARI (socialdemócratas), Fernando Sánchez, defendió el veto. «Si la ley es mala, el veto es un acto de responsabilidad», señaló.
En pie de lucha
La ley contó con el respaldo de las cinco centrales obreras, que denuncian en medio del actual ajuste de la economía, unos 155.000 despidos desde que Macri llegó a la presidencia hace casi casi seis meses.
Los líderes de las poderosas centrales obreras se reunirán el sábado a definir un paro nacional para la primera semana de junio o jornadas de movilizaciones a nivel nacional.
«Este veto podrá tener toda la legalidad que le da la constitución nacional al presidente para hacerlo, pero tiene toda la ilegitimidad que da que la mayoría de los trabajadores y el pueblo argentino está en contra de este veto y a favor de esta ley», dijo a la AFP Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma.
«Esta es la única posibilidad que tuvo de hacer algo a favor de los trabajadores», agregó el sindicalista.
Macri recalcó el viernes que sabe muy bien la dirección que ha tomado con sus políticas económicas liberales, que levantaron restricciones al dólar, eliminó impuestos al campo y retenciones a las mineras en sus primeros días de gestión.
El gobierno actual está en clara oposición al modelo proteccionista de sus antecesores Néstor y Cristina Kirchner (2003-2007; 2007-2015).
Firme ante la oposición
Macri responsabilizó al Frente para la Victoria de querer «poner palos en la rueda» al Gobierno.
«Piensan que tiene que haber un Estado que nos someta a todos» y «no quieren que tengamos nuevas oportunidades ni que le vaya bien a este gobierno», acusó.
La aprobación de la ley antidespidos significó el primer revés político para Macri desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre.
En marzo, el presidente había logrado, contra todo pronóstico, que la mayoría opositora en el Congreso aprobara la ley que permitió un pago millonario a los ‘holdouts’, con los que Argentina mantenía un litigio de 15 años en Estados Unidos.
El mandatario consideró la ley «un cepo al trabajo» que no estimula el arribo de más inversiones y que perjudicaría «claramente a aquellos que están en la pobreza y que son más fáciles de manipular y someter», dijo.
El analista político Rosendo Fraga cree que «Macri está privilegiando la idea de dar una señal de firmeza», dijo en declaraciones radiales.
«Gobierna según el manual: usar popularidad inicial para tomar medidas impopulares. Llegará a 2017 con buenas noticias», pronosticó Fraga en su página de Twitter.
