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Buenos Aires / AFP
Argentina anunció el lunes la participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia de fronteras al otorgarles tareas de seguridad interior, algo que les estaba vedado en un país sensible al rol militar desde la represión en la última dictadura (1976-1983).
Al anunciar las reformas por decreto, el presidente argentino Mauricio Macri reafirmó que la misión principal de las Fuerzas Armadas es «proteger la soberanía nacional y la integridad del territorio».
Pero «también es importante que puedan colaborar con la seguridad interior principalmente brindando apoyo logístico en las zonas de fronteras como así también interviniendo frente a la protección de elementos de carácter estratégico», dijo.
El alcance de la participación militar en la seguridad interior será clarificado el martes, cuando se publiquen los decretos que modifican el decreto 727/2006 reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner. Ese decreto sólo permitía a las Fuerzas Armadas intervenir en caso de agresiones externas de parte de otros Estados.
La reforma presentada este lunes incluye cambios en los adiestramientos, reubicación territorial de fuerzas y reequipamiento, entre otros puntos.
Macri admitió que la reforma «será difícil», en una sociedad donde siguen abiertas las heridas que dejó la represión del Estado.
«Es tarea de toda la sociedad comprender y aceptar que todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia», aseguró el presidente de centroderecha.
Argentina aún juzga a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos según organismos humanitarios. Cientos de ellos ya fueron condenados.
Nuevas tareas
Tras el anuncio, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, precisó que la reforma no implica la participación militar en el combate al delito común.
«Eso no va a pasar, no hay ninguna posibilidad que eso pueda suceder. El delito lo combaten las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas no están para eso», aseguró al canal local TN.
El ministro indicó que en el corto plazo se conformará una fuerza de acción inmediata con equipamiento ligero, con unos 10.000 hombres.
También se enviarán militares a la frontera norte para colaborar con la Gendarmería (policía militarizada) en el combate contra el narcotráfico.
«Van a prestar asistencia logística a las fuerzas de seguridad que operan en la frontera norte para ayudar a la seguridad y disuadir a grupos de narcotráfico y terrorismo que quieran instalarse en nuestro territorio», explicó Aguad.
El ministro indicó que también «harán patrullaje», algo que hoy está prohibido en la Ley de Defensa. La norma tampoco les permite hacer arrestos o iniciar causas judiciales.
Crítica opositora
La presencia de militares en la custodia de la sociedad civil es un tema sensible para los argentinos.
El diputado opositor Felipe Solá (Frente Renovador) advirtió que «las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer seguridad interior, es trágico para el país».
«Si quieren reformar las Fuerzas Armadas y derogar las leyes existentes, que vengan a discutirlo al Congreso», dijo el legislador a la radio FM La Patriada.
El exministro de Defensa y actual diputado Agustín Rossi (Frente para la Victoria, kirchnerismo) expresó su desacuerdo en Twitter: «Desde 1983 es una política de Estado en nuestro país separar la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Involucrar a las FFAA en asuntos de narcotráfico es ilegal. En países como México, Colombia, Brasil fracasó y se revé esa decisión», escribió.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad, cuestionó la reforma.
«En épocas de conflictividad social, necesitan sobredimensionar el aparato de seguridad. Trabajan sobre la idea de que las nuevas conflictividades sociales son cuestiones de seguridad, y ahí las preocupaciones se extreman al máximo», sostuvo Litvachky.
En Argentina, hay una conflictividad social creciente, con protestas y huelgas contra el gobierno de Macri, por su política económica de austeridad, y el acuerdo firmado en junio con el Fondo Monetario Internacional para apaciguar una crisis cambiaria.
