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Por Anna Cuenca
Madrid/AFP
La guardia civil española llevaba a cabo este martes una macrooperación contra una «trama» sospechosa de organizar el pago de sobornos por la adjudicación de contratos públicos, buy viagra un nuevo escándalo de corrupción que debía saldarse con una treintena de detenciones.
Bautizada «Enredadera», doctor la operación, realizada bajo una fuerte expectación mediática en un país sacudido por la multiplicación de casos de corrupción, tenía como objetivo «una organización criminal dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos», informó la guardia civil.
Los agentes registraban locales de administraciones públicas, empresas y domicilios «desde primeras horas de la mañana» en trece provincias del país, entre ellas Sevilla, Córdoba o Granada, en el sur, Madrid, Barcelona, Valencia o Lanzarote y Las Palmas en las Islas Canarias.
«Se prevé la detención de más de 30 personas» y «en torno al mismo número de imputaciones», afirmó la policía, precisando que «con la ayuda de funcionarios y responsables políticos», la presunta «trama organizada había logrado infiltrarse en numerosos organismos» públicos.
Dirigida por la jueza de instrucción Mercedes Alaya de Sevilla, conocida por su pugnacidad en casos de corrupción, la operación se desarrollaba bajo «secreto de las actuaciones».
A finales de octubre, la guardia civil ya había detenido a más de 50 personas –entre ellas alcaldes, empresarios y políticos– en otra redada, denominada Operación Púnica, contra una trama de corrupción acusada de conceder obras públicas por 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
En una España asfixiada por una crisis económica que desde 2008 dejó sin empleo y sin hogar a cientos de miles de personas, crece la intransigencia con los escándalos de corrupción, que afectan a partidos de todo el espectro político, sindicalistas o banqueros.
«La gente se ha hecho más inquisitiva y busca la raíz de los problemas económicos y esto es una de las cosas que está presionando mucho a los partidos», explicaba recientemente a la AFP Fermín Bouza, sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid.
Un nuevo partido, Podemos, dispuesto a «defender a la gente de los poderes financieros y la corrupción», ascendió meteóricamente en las intenciones de voto tan solo nueve meses después de su creación.
En este contexto, numerosos cargos públicos había dimitido a raíz de la Operación Púnica, algo inimaginable hasta hace poco en España. Y el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, anunció que defenderá el 27 de noviembre ante el Parlamento medidas de su gobierno contra la corrupción.
Sobornos a funcionarios
La Operación Enredadera surgió a raíz de otra investigación, dirigida por Alaya, que destapó «un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del área de vía pública» del ayuntamiento de Sevilla, explicó la guardia civil.
La investigación condujo a varias empresas dudosas, entre ellas una, Fitonovo, «contratista habitual de numerosas administraciones públicas», que «había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares».
Ésta, de la que el responsable municipal sevillano recibió «múltiples dádivas o regalos», conformó «una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos», precisó.
Fue un tentacular caso instruido por Alaya desde 2009, denominado «Mercasevilla» –presunta venta de suelos mediante amaño de concurso– el que dio origen a la Operación Enredadera y anteriormente al muy mediático «caso de los ERE» (expedientes de regulación de empleo).
Convertido en uno de los símbolos de la corrupción en España, junto al «caso Gürtel» que desde 2009 salpica al altos cargos del gubernamental Partido Popular, éste concierne al Partido Socialista de Andalucía, investigado por presunta malversación de millones de euros de ayudas públicas a empleados y empresas afectados por planes sociales.
Una exministra socialista, Magdalena Álvarez, fue imputada por su presunta implicación cuando era consejera de Economía del gobierno regional andaluz. A raíz del escándalo, Álvarez, que niega toda responsabilidad, dimitió en junio como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
