Berlín/dpa
Tras más de cuatro años y un total de 373 audiencias celebradas, el proceso judicial contra la célula alemana neonazi Resistencia Nacionalsocialista (NSU), acusada de asesinar a ocho inmigrantes turcos, a uno griego y a una policía alemana entre los años 2000 y 2007, entra este martes en su etapa decisiva.
Una vez terminado el periodo de registro de pruebas de este macrojuicio con más de 800 testigos y una expectación mediática inédita, el Tribunal Regional Superior de Múnich iniciará la fase de alegatos.
Inicialmente estaba prevista para la semana pasada pero fue aplazada por falta de acuerdo entre las partes a la hora de determinar si se debía permitir la grabación de las conclusiones formuladas por el fiscal.
El Ministerio público será el primero en intervenir en una comparecencia que se estima tendrá una duración de más de 20 horas.
El proceso, iniciado en 2013, sienta en el banquillo a la única superviviente del trío neonazi, Beate Zschäpe, que con dos compañeros ya fallecidos está acusada de cometer entre 1998 y 2011 diez asesinatos, 15 robos y dos atentados con bomba.
Junto con ella rinden cuentas ante la Justicia Carsten S., Wohlleben, André E. y Holger H, acusados de colaboración en la trama de violencia ultraderechista que más revuelo ha causado en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.
El trasfondo racista de la serie de asesinatos salió a la luz en noviembre de 2011, cuando los otros dos miembros del trío, Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, se suicidaron antes de ser detenidos.
Zschäpe se enfrenta a una pena de cadena perpetua al estar considerada cómplice en los citados crímenes.
En los últimos cuatro años, la Justicia alemana llamó a declarar a 815 testigos y consultó a 42 expertos para intentar arrojar luz sobre la célula neonazi que sembró durante años el terror en Alemania. Según estimaciones del tribunal muniqués, los costes del juicio ascienden hasta el momento, con 373 vistas celebradas, a cerca de 150.000 euros (unos 174.000 dólares).
El caso dejó al descubierto graves fallos por parte de la Policía y los servicios de inteligencia germanos, que no tuvieron la mínima sospecha de una posible motivación racista y dirigieron las pesquisas hacia el entorno de las víctimas, suponiendo que eran ajustes de cuentas entre mafias extranjeras.