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Por Álvaro Villalbos/Daniel Bosque
Madrid/Barcelona/AFP
El gobierno español reforzó este viernes el control de las cuentas de Cataluña, horas después de que dirigentes regionales pidieran por carta al presidente Mariano Rajoy negociar «sin condiciones» el referéndum de independencia del 1 de octubre.
«Queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al gobierno español», para ver cómo «podemos ponernos de acuerdo con el fin de que los catalanes celebren el referendo», escribieron en una carta el presidente regional catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras, la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La misiva fue difundida a varios medios de comunicación y enviada a Rajoy, que este viernes viaja a Barcelona, con copia al rey Felipe VI.
Sin embargo, la oferta quedó rápidamente en nada.
El portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que el ejecutivo «no ha recibido la carta», y reiteró que no se va a negociar el referendo, porque tal y como repite el gabinete, eso requeriría una reforma previa de la Constitución.
«No se puede dialogar de lo que uno no es competente», apostilló Méndez de Vigo.
El portavoz calificó de «sarcasmo» esta oferta de diálogo, presentada por unos dirigentes catalanes a quienes «lo único que les interesaba era el referendo», inaceptable para Madrid dado que «el derecho de secesión no está contempado en la Constitución española».
Tras esto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el gobierno central va a reforzar su control sobre los pagos del ejecutivo catalán, para garantizar «que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal», es decir el referendo.
El nuevo mecanismo de control implica que el Estado «sustituye en la mayoría de los pagos esenciales» a la Generalitat de Cataluña, incluyendo el abono de nóminas. Dicha disposición es una herramienta muy poderosa de presión, pues en teoría significa que el gobierno central podría dejar sin salario a los funcionarios del gobierno catalán.
Igualmente, el gobierno español amenaza con intervenir las cuentas de Cataluña en 48 horas, si en ese plazo Puigdemont no certifica la indisponibilidad de partidas presupuestarias para todo aquello que no sean servicios públicos básicos.
Estas decisiones fueron tomadas en reacción a una carta del vicepresidente regional Oriol Junqueras al ministerio de Hacienda.
En ella, Junqueras anuncia que ya no se someterá más al control semanal establecido en julio por el gobierno español, para asegurarse de que no se está desviando dinero a la celebración de la consulta, declarada ilegal por la justicia y suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
Una sociedad dividida
Los separatistas son mayoritarios en el Parlamento catalán, pero la sociedad está muy dividida, según los últimos sondeos.
En las elecciones regionales de septiembre de 2015, los partidos independentistas obtuvieron el 47,6% de los votos. Los defensores de seguir en España sumaron el 51,28%.
No obstante, un 70% de los catalanes está a favor de zanjar la cuestión a través de un referéndum.
La división se ha trasladado a los ayuntamientos, fundamentales en la logística del referendo.
Más de 700 alcaldes (de un total de 948 en Cataluña) se han dicho dispuestos a facilitar la organización de la consulta, y a causa de ello podrían ser citados por la fiscalía y se exponen a ser detenidos si no comparecen.
Cinco de las diez mayores ciudades de Cataluña se oponen a la consulta, y Barcelona mantiene la ambigüedad. Por el momento, su alcaldesa dice que no pondrá obstáculos a la votación, pero que al mismo tiempo quiere proteger jurídicamente a la institución y sus funcionarios.
Rajoy en Barcelona
En este contexto, Rajoy acude este viernes a Barcelona, apenas 24 horas después que los dirigentes independentistas, en abierta insumisión a Madrid, lanzaran la campaña por el sí en el referéndum de autodeterminación.
A las 6:00 de la tarde, hora local, está prevista la reunión interna del Partido Popular, presidido por Rajoy, con los dirigentes de la formación en Cataluña.
Tras el lanzamiento de la campaña la noche del jueves en un acto en Tarragona (100 km al sur de Barcelona), los independentistas disponen de dos semanas para movilizar a los electores, especialmente sus críticos recelosos de participar.
Si gana el sí, prometen declarar una república independiente en esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
