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Por Michaela Cancela-Kieffer/Laurence Boutreux/Madrid/AFP
El gobierno español del conservador Mariano Rajoy respondió en el terreno judicial a la resolución independentista aprobada por el parlamento de Cataluña, thumb interponiendo este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional y amenazando a sus promotores.
Tras un consejo de ministros extraordinario, unhealthy el ejecutivo español interpuso un recurso ante el alto tribunal que, de ser admitido, implicará la automática suspensión de la resolución declarando el lanzamiento de un proceso de secesión de esta región del noreste de España. El tribunal podria pronunciarse este mismo miércoles.
El recurso pide «la inmediata suspensión de esta resolución y de todos sus efectos», dijo Rajoy tras una conferencia de prensa en el palacio de La Moncloa, la sede del gobierno.
En su escrito, el gobierno reclama también al Tribunal Constitucional que notifique «personalmente» este recurso a 21 autoridades catalanas, entre ellas la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, el presidente saliente Artur Mas y los miembros de la mesa del Parlamento, un modo de advertirles de las consecuencias de desacatar la decisión de los magistrados.
Aquellos que promovieron la resolución quieren «acabar con la democracia y el Estado de derecho (…) quebrar la unidad española y la convivencia», aseguró Rajoy.
«No lo voy a permitir» y «cuento con el respaldo de la inmensa mayoría de los españoles», dijo Rajoy que intenta erigirse como garante de la unidad de España a 40 días de las elecciones legislativas del 20 de diciembre.
El recurso se interpuso 48 horas después de que el parlamento regional aprobara esta resolución donde declaran «solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente».
Los independentistas, con una mayoría absoluta en el parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de septiembre, quieren culminar este proceso con la proclamación en 2017 de una república independiente en esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
La declaración, sin precedentes aunque también sin efectos jurídicos por el momento, declara que el parlamento regional «no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia».
Advertencias de penas de prisión
La resolución «supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado», afirmó Rajoy tras presidir el consejo de ministros extraordinario para aprobar el recurso.
«La soberanía nacional le pertenece a todo el pueblo español y solo al pueblo español, una soberanía que no se puede dividir», señaló Rajoy.
Aun así, prometió una respuesta prudente mientras muchos temen que el conflicto se acelere en plena campaña electoral y con el Congreso español disuelto.
El jefe de gobierno se reunió el martes durante una hora con el jefe de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que le dio su apoyo para «defender la Constitución y la legalidad».
El desafío de los independentistas «es de una gravedad extraordinaria», dijo Sánchez este miércoles en la televisión privada Telecinco.
Pero también denunció «la inacción» del gobierno español de Rajoy durante cuatro años de auge del independentismo, alimentado en parte por la crisis, y reclamó «diálogo» y «una solución política» que, en su opinión, pasa por convertir España en un Estado federal.
Mientras el gobierno preparaba su recurso, la fiscalía de la Audiencia Nacional, especializada en cuestiones de Estado, difundió un informe señalando que los responsables de la resolución y de su aplicación se exponían a causas penales por «sedición» o «desobediencia», entre otras.
En este texto de once páginas consultado por la AFP, precisa que podrían acarrear penas de hasta 15 años de prisión en el caso de sedición. Además, notifica a la policía la obligación de advertir en un plazo de 24 horas a la fiscalía sobre cualquier delito en este sentido.
El Tribunal Constitucional, con una mayoría de jueces conservadores, examinará el recurso a partir de las 15H30 GMT del miércoles, según una fuente judicial.
Los independentistas ven con desconfianza este tribunal que desde 2010 ha emitido numerosas sentencias desfavorables a las aspiraciones de secesión o mayor autonomía de esta región mediterránea.
Ese año, anuló numerosas competencias adquiridas por la región en un estatuto de autonomía aprobado en 2006 y en 2014 prohibió la celebración de un referéndum de autodeterminación.
