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Por Álvaro Villalobos/Alfons Luna/Diego Urdaneta
Madrid/Barcelona/AFP
El gobierno español aprobó este viernes facilitar la salida de empresas de Cataluña, incrementando la presión sobre las pretensiones independentistas catalanas, si bien rebajó el tono al pedir disculpas por los heridos en el referéndum prohibido del domingo.
En el plano judicial, el comandante de la policía catalana, una subalterna y dos líderes independentistas declararon por sedición ante la Audiencia Nacional, que no dictó prisión preventiva contra ninguno de ellos.
El ministerio de Economía del gobierno de Mariano Rajoy adoptó un decreto que facilita que las empresas catalanas, preocupadas por una posible declaración de independencia, saquen de la región su sede social, como hicieron en las últimas horas el Banco Sabadell o la empresa textil Dogi.
En un comunicado, el ministerio de Economía señaló que el decreto responde a «la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional».
Este viernes se reunirá Caixabank, primer banco catalán y tercero nacional, para estudiar si imita al Sabadell, que anunció el jueves que sacaba su sede social de Cataluña.
La fuga de empresas aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por la apuesta independentista, cuya escalada ha sumido a España en su peor crisis política de la era democrática.
«Disculpas» por los heridos
En Barcelona, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, pidió disculpas por los heridos causados por la policía al tratar de impedir el referéndum y expresó su esperanza de encauzar la crisis.
«Cuando he visto estas imágenes, y sé que hay gente que ha recibido golpes, y empujones, incluso hay una persona que está aún hoy hospitalizada, no puedo hacer nada más que lamentarlo, pedir disculpas en nombre de los agentes», dijo Millo en una entrevista en la televisión pública catalana TV3.
«Es algo que todos lamentamos», abundó el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, refiriéndose a los heridos.
«Espero que podamos reconducir las cosas para que no se produzcan nunca más» hechos semejantes, dijo Millo que, sin embargo, situó la responsabilidad última de lo ocurrido en un gobierno catalán que, dijo, alentó a la gente a ir a votar cuando se había prohibido.
Por el lado del gobierno catalán, el responsable de Empresa Santi Vila -una figura moderada que cobra peso- reclamó un «alto el fuego» con el ejecutivo central de Mariano Rajoy, y propuso posponer la declaración de independencia de Cataluña a cambio de que no se suspenda la autonomía regional.
Hasta el momento, y tras el referéndum del domingo, el gobierno catalán de Carles Puigdemont no ha dado marcha atrás en su plan de declarar unilateralmente la independencia si ganaba el sí, que es la condición que exige el gobierno central de Mariano Rajoy para dialogar.
Puigdemont pidió comparecer en el parlamento regional el martes después de la suspensión judicial del pleno previsto para el lunes en el que debía «valorar los resultados y los efectos del referendo» prohibido del domingo.
Libres tras declarar por sedición
El comandante de la policía regional catalana, Josep Lluís Trapero, una subalterna y dos destacados líderes independentistas quedaron libres y sin medidas cautelares tras declarar este viernes por sedición ante la justicia española, indicó a AFP una fuente judicial.
La fiscalía no pidió medidas cautelares contra Trapero, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana, que en su caso declaró por videoconferencia por motivos de salud.
Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, afirmó que su asociación no reconoce «la competencia» del tribunal, y se acogió a su derecho a no declarar, porque estima que no cometieron ese delito de sedición, que puede castigarse hasta con 15 años de cárcel.
Los cuatro comparecieron ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal, por una protesta ocurrida en Barcelona el 20 de septiembre, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de una dependencia del gobierno regional catalán donde estaban efectuando registros.
Igualmente destrozaron tres vehículos del instituto armado.
Sánchez y Cuixart se dirigieron a la muchedumbre subidos a uno de esos vehículos, y llamaron a la «movilización permanente», según recoge el auto de la Audiencia Nacional en el que se admitía la denuncia por sedición.
Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, afirmó por su lado que aquello «fue una manifestación pacífica», y que su objetivo era protestar por unas actuaciones policiales que ese día se saldaron con la detención de 14 altos cargos catalanes, relacionados con la organización del referendo.
No obstante, insistió en «buscar salidas dialogadas» a la crisis.
