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Por Daniel Bosque/Alvaro Villalobos
Barcelona/AFP/PL
Las fuerzas del orden españolas trataban este martes de «neutralizar» los colegios electorales que los dirigentes separatistas de Cataluña quieren habilitar para su referendo de autodeterminación, mientras el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reúne con Donald Trump en Washington, en busca de apoyo.
A cinco días de la cita, el enfrentamiento entre Madrid y los líderes separatistas catalanes continúa en dos direcciones: la logística del referéndum, combatida de frente por el gobierno español y la justicia, y el terreno político, con la vista puesta en la opinión pública extranjera.
El lunes de noche, la fiscalía superior de Cataluña ordenó a la policía regional identificar a los responsables de los colegios electorales que deben abrir el domingo.
La fiscalía pidió que esas personas comparezcan como testigos, para que entreguen la documentación que poseen relacionada con la consulta, y se les advierta de su «obligación» de no ceder dichos centros para la votación, prohibida por la justicia.
«La orden ha sido transmitida y será ejecutada con toda normalidad», declaró a AFP un portavoz d la policía catalana, los Mossos d’Esquadra.
Las actuaciones de esta policía, que es autónoma pero está sometida a la legislación del Estado español, es esencial. Por ello, y como parte de su empeño por impedir la consulta, el ministerio del Interior la puso este fin de semana bajo tutela parcial.
Despliegue total contra la consulta
Al apuntar a los colegios electorales, la fiscalía profundiza en un plan destinado a parar todos los pasos hacia la organización del referéndum.
Desde mitad de septiembre, la justicia ha amenazado a los alcaldes que faciliten locales para la votación, así como a los funcionarios de otras instituciones (colegios, centros de salud, patrimonio) que participen en la organización del referendo.
La junta electoral creada expresamente para la cita tuvo que dimitir en bloque, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera multas diarias de 12.000 euros.
Por otro lado, la Guardia Civil y la policía se incautaron de casi 10 millones de papeletas. Hasta el momento fueron cerradas además 59 páginas web que publicitaban el referendo, y otras 85 están pendientes de cierre, según fuentes judiciales.
Ante este despliegue de medidas, las autoridades separatistas que gobiernan esta región de 7,5 millones de habitantes denuncian desde 2016 los métodos «represivos» de Madrid.
«Aquí es normal que la página de la fundación Francisco Franco este plenamente operativa», dijo quejándose este martes el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull.
Los separatistas se felicitan por otro lado de la publicación, en varios medios extranjeros, de editoriales que piden la celebración de un referéndum legal, o una mayor flexibilidad del gobierno de Mariano Rajoy, en una Cataluña profundamente dividida entre secesionistas y partidarios de seguir en España.
Una fuente diplomática española dijo tener «conciencia de esa afirmación de que estaríamos perdiendo la batalla de la comunicación. Pero es más difícil contar la verdad que contar mentiras».
El gobierno repite insistentemente que lo que busca es salvaguardar la Constitución, que no autoriza este tipo de consultas, al igual que ocurre en Italia o Francia.
Y destaca que los separatistas adoptaron la ley del referéndum sin dejar que la oposición la debatiera en profundidad, y con una votación por mayoría simple, cuando para textos mucho menos importantes la legislación catalana exige una mayoría de dos tercios de la cámara.
Consideran desmesurada actuación de Fiscalía
La asociación judicial Jueces para la Democracia consideró hoy desmesuradas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado español para impedir la celebración el próximo domingo de un referendo independentista en Cataluña, suspendido por la justicia.
Entrevistado por el canal televisivo Antena 3, el portavoz de la citada organización, Ignacio González, opinó que el Ministerio Público ‘está acudiendo a medidas totalmente desproporcionadas y está poniendo en riesgo derechos fundamentales’.
El representante de una de las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces españoles se refirió a la férrea ofensiva judicial y policial que, a instancias del gobierno de Mariano Rajoy, fue desplegada para frenar la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional.
González aludió a declaraciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien la víspera no descartó la posibilidad de arrestar al presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, por presunta malversación de fondos públicos para organizar el escrutinio.
En opinión del vocero de la asociación progresista, las palabras de Maza, que calificó de inoportunas, añaden más leña al fuego.
Además, criticó la orden del fiscal de citar a declarar a los más de 700 de los 948 alcaldes de Cataluña que mostraron su respaldo a la realización del referéndum de autodeterminación en esa comunidad autónoma, de 7,5 millones de habitantes.
Para el portavoz de Jueces para la Democracia, en ese proceder la Fiscalía ‘tiene un papel ciertamente agresivo’, pues es cuestionable que estemos ante unos hechos de naturaleza delictiva, enfatizó.
Apeló a la clase dirigente para que busque una solución al conflicto territorial en Cataluña, visto por analistas como la peor crisis institucional en cuatro décadas de democracia española.
‘Los políticos tienen la obligación de sentarse a hablar’, expresó González, tras lamentar que el protagonismo hoy lo tengan jueces, fiscales y policías.
A cinco días de la controvertida votación, la administración de Rajoy incrementó todo su arsenal para desmantelar el aparato logístico de una consulta que considera ilegal, paralizada a petición suya por el Tribunal Constitucional de España.
Rajoy en la Casa Blanca
Oficialmente, Cataluña no figura en el menú del encuentro previsto en Washington este martes entre Rajoy y el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, el dirigente español espera algún gesto de apoyo de su anfitrión.
En España mientras tanto la tensión seguía aumentando, y el lunes, una fuente diplomática española admitía que están «preocupados por una escalada de violencia» que pudieran provocar, según él, los separatistas.
En varias ciudades de Andalucía y en otras localidades como Toledo (centro) o Santander (norte), los guardias civiles que partieron como refuerzos a Cataluña fueron vitoreados por cientos de vecinos, a gritos de «viva España».
En una de las mayores concentraciones, cientos de manifestantes se congregaron el lunes en Huelva, para animar a los agentes a gritos de «¡a por ellos!». En Madrid pueden verse numerosas banderas españolas colgadas de los balcones.
Por su lado, en las calles de Barcelona algunos ofrecen espontáneamente claveles rojos a la policía catalana.
«Por mucho ardor guerrero que le pongan (…) están perdiendo el tiempo, y por tanto, el 1 de octubre, como ha dicho el gobierno, se hará», advirtió el portavoz del ejecutivo catalán.
