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Caracas/Sputnik
Con la firme sentencia de llevar las investigaciones por actos de corrupción hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, sin importar su tinte o bandera política, la administración de Nicolás Maduro aseguró que no se detendrá en su cruzada para que se establezcan las sanciones penales correspondientes contra los responsables y se logre resarcir al Estado venezolano y a sus ciudadanos por el daño causado al patrimonio público.
“A nosotros no nos importa de qué color político sea, en donde estén, caiga quien caiga, no nos vamos a detener”, dijo el viernes el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la primera discusión del proyecto de ley de extinción de dominio, aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
El reglamento, debatido en una sesión especial y para el cual se solicitó la “urgencia reglamentaria”, responde a la necesidad de crear un mecanismo inmediato que permita definir la utilidad que se le dará a los bienes obtenidos de manera ilícita, por quienes incurren en delitos de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros.
RESARCIMIENTO
A juicio del diputado e integrante del partido opositor Primero Venezuela (PV), José Brito, este instrumento legal busca ir más allá de la sanción penal.
En una entrevista con la Agencia Sputnik, Brito aseguró que la ley de extinción de dominio tiene el propósito de resarcir el daño patrimonial, producto de actividades ilícitas en el país.
“Creo que de esa manera se puede comenzar a buscar que haya resarcimiento, apegados al debido proceso, pero el tema la extinción de dominio tiene que ver con corrupción, tiene que ver con financiamiento al terrorismo, tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con enriquecimiento ilícito”, recalcó el legislador.
Además, Brito detalló que en el parlamento se adelantan una serie de debates dirigidos a fortalecer las capacidades del Estado, para combatir con eficiencia las prácticas ilegales en el país.
Por esta razón, el martes se llevó a cabo una reunión mixta en el parlamento que incluyó la participación de la Comisión Permanente de Política Interior y la Comisión Permanente de Contraloría. Esto, con la premisa de levantar una propuesta de reforma parcial de cinco leyes, para garantizar que valores como la honestidad y la ética primen en la administración pública.
Para ello se estableció una subcomisión que será responsable de revisar los siguientes instrumentos: la ley contra la corrupción, la ley orgánica de administración financiera del sector público, la ley orgánica de contraloría y sistema nacional de control fiscal, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos.
MECANISMOS DE CONTROL
De acuerdo con el integrante de Primero Venezuela, todas estas acciones del órgano legislativo tienen el objetivo de facilitar los mecanismos de control, los cuales consideró presentan “serias fallas” actualmente.
“Yo de verdad debo decir que una de las grandes fallas, digo de fallas estructurales que tenemos, es la falta de control efectivo”, subrayó Brito.
El diputado agregó que eso ha generado que los ejercicios de rendición de cuentas de los organismos y funcionarios se hayan convertido en una especie de “show”, e indicó que es necesario profundizar la supervisión de las inversiones de los fondos públicos en el país.
CASOS DE CORRUPCIÓNDesde el 17 de marzo se comenzó a develar un entramado de corrupción y actividades ilícitas en el país sudamericano que involucra a funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), el Poder Público, el órgano legislativo y a un grupo de empresarios.
En la primera fase, la Policía Nacional Anticorrupción, cuerpo responsable de las investigaciones, detuvo a 10 funcionarios y 11 empresarios relacionados con hechos ilícitos en la Pdvsa.
Tres días después, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, presentó su renuncia, bajo el argumento de facilitar las investigaciones.
El jueves, el organismo policial informó mediante un comunicado que realizó un operativo especial en la Corporación Venezolana de Guayana, en el que resultaron detenidos varios funcionarios. Noticia que fue precedida por el anuncio del Ministerio Público, más temprano el viernes, sobre la detención e imputación de dos directivos de la Faja Petrolífera del Orinoco.
SANCIONES Y CORRUPCIÓN
De acuerdo con Brito, los recientes casos de corrupción son consecuencia de las sanciones y de las medidas que se aplicaron en el país para tratar de sortear su impacto.
“Hay un tema importante, por ejemplo, siempre se dijo que la ley antibloqueo (…), producto de las medidas coercitivas unilaterales, o mal llamadas sanciones, iba a generar hechos de corrupción”, resaltó.
La ley antibloqueo es una herramienta legal para superar las sanciones y garantizar la recuperación económica y el bienestar de la población, según el Gobierno.
Desde el año 2015, contra la nación sudamericana se han impuesto más de 900 medidas coercitivas unilaterales que le impiden realizar operaciones financieras internacionales, acceder al mercado global para la compra de alimentos, equipos médicos, medicamentos, así como la comercialización de su principal producto de exportación, el petróleo, resultando este último, el sector más afectado por las sanciones.
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