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Por Carola Solé
Iguala/AFP
Maestros y estudiantes mexicanos amenazan con radicalizar sus protestas por la desaparición de 43 jóvenes con una toma masiva de alcaldías y bloqueos de carreteras a partir de este jueves en la conflictiva región de Guerrero (sur).
Casi tres semanas después de la desaparición de los estudiantes en ataques de la policía y sicarios, medical sus compañeros acordaron con medio centenar de organizaciones sindicales y sociales incrementar la presión sobre las autoridades para que los encuentren con vida.
Las movilizaciones contemplan la toma de control a partir del jueves de los ayuntamientos de los 81 municipios de Guerrero, capsule incluido Iguala, donde fueron atacados los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
También se prevén bloqueos de carreteras y la ocupación de casetas de peaje de la turística autopista que conecta Ciudad de México y el balneario de Acapulco (Guerrero), donde también se llamó a una gran manifestación el viernes.
«El acuerdo es seguir la movilización para presionar al Estado (…) Va muy lento el trabajo (de búsqueda), no hay nada hasta el momento», dijo a la AFP Tonantzin Beltrán, miembro de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero).
La CETEG, una fracción radical del sindicato nacional de maestros, ya encabezó las fuertes manifestaciones del lunes en Chilpancingo, capital de Guerrero, que derivaron en choques con la policía y el incendio parcial de la sede del gobierno regional.
En Guerrero, una de las regiones más empobrecidas y azotadas por el narcotráfico, existe un crisol de activas organizaciones sociales en conflicto permanente con las autoridades. La misma CETEG llevó a cabo el año pasado una campaña de protestas durante meses contra una reforma educativa nacional.
Crece la tensión estudiantil
La falta de noticias sobre el paradero de estos jóvenes, alumnos de una combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa (Guerrero), está desesperando a México y sobre todo a su comunidad educativa.
En Ciudad de México, miles de alumnos de grandes universidades públicas en huelga marcharon el miércoles hasta la céntrica sede de la fiscalía general y algunos de ellos, la mayoría encapuchados, rompieron a pedradas los vidrios de su fachada.
Mientras la tensión sigue en aumento, el presidente Enrique Peña Nieto pide tiempo para esclarecer este caso que ha llamado la atención mundial y que está plagado todavía de interrogantes.
Las autoridades sostienen que los 43 estudiantes que sobrevivieron a los ataques, en los que hubo seis muertos, fueron entregados por policías de Iguala y de la vecina localidad de Cocula a miembros del cártel local Guerreros Unidos.
Basándose en testimonios de sicarios detenidos, los investigadores sospechan que los jóvenes fueron asesinados y enterrados en algunas de las numerosas fosas clandestinas halladas después en los cerros de Iguala, un feudo de los criminales donde se deshacen de sus víctimas.
Las pruebas de ADN a los primeros 28 cadáveres encontrados determinaron que entre ellos no están los estudiantes, pero sumaron otro capítulo de horror a este caso.
Ahora hay otras 28 personas, que no se sabe quiénes son, que fueron asesinadas y enterradas en Iguala, como al menos otra cincuentena en lo que va de año en esta localidad bautizada como «cementerio» clandestino por sus propios y aterrados habitantes.
Los familiares de los jóvenes se resisten a creer que ése fue el destino de sus hijos y aseguran que siguen en manos de policías de Iguala fugitivos.
Mientras se analizan otros cadáveres encontrados, cerca de un millar de policías y miembros de grupos de autodefensa de Guerrero siguen desplegados en Iguala y alrededores, a solo 200 km de Ciudad de México.
Cae operador financiero
La fiscalía ha detenido a casi 50 personas -incluidos 40 policías- pero admite que aún no tiene a los autores intelectuales del crimen ni puede determinar sus motivos.
Más pruebas van apareciendo de la infiltración en Iguala de los Guerreros Unidos, el cártel dominante en esa región.
La fiscalía reportó la noche del miércoles la detención de Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero de los Guerreros Unidos.
Según la fiscalía, Núñez Salgado entregaba cada mes 600.000 pesos (43.000 dólares) al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien es buscado por la policía al igual que el alcalde de Iguala y su esposa.
La mujer del edil, hermana de tres narcotraficantes, es señalada de pedir a la policía que actuara contra los estudiantes por temor a que arruinaran un discurso que iba a ofrecer como responsable local de un organismo público de protección a la infancia.
Los estudiantes, la mayoría entre 18 y 21 años, habían viajado de Ayotzinapa a Iguala para recaudar fondos y en el momento del ataque estaban a bordo de varios autobuses de los que se habían apoderado para regresar a su escuela.
