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Por María Isabel Sánchez
Chilpancingo/AFP
Miles de estudiantes y maestros mexicanos reanudaron este viernes en Guerrero (sur) sus fuertes protestas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por la desaparición de 43 estudiantes, que esta semana derivaron en incendios de edificios oficiales como el Parlamento local.
Con las fotos de los 43 estudiantes al frente, la manifestación de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, estuvo encabezada por algunos padres de los jóvenes desaparecidos y posiblemente masacrados la noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero), crimen que desató la peor crisis de la presidencia de Peña Nieto.
A diferencia de las jornadas anteriores, los manifestantes, algunos encapuchados, armados con palos, tubos y cascos, no han atacado ningún edificio oficial o partidista. A su paso, pintaron mensajes en comercios: «Fuera el narcogobierno de Peña Nieto», «Nos faltan 43».
Un grupo radical se apoderó de autos de instituciones gubernamentales. Activistas habían anunciado previamente su intención de decomisar la simbólica cifra de 43 vehículos y prenderles fuego.
«Nos dicen que ejercemos la violencia, pero es una respuesta a tanto asesinato, a tantos levantones (secuestros) y que las autoridades, por estar coludidos con el crimen organizado, los mantienen impunes», dijo a la AFP uno de los manifestantes, que se identificó como ‘Comandante muerte’, de gafas oscuras y un pañuelo estampado con una calavera amarrado en la boca.
México continúa indignado por el brutal ataque a tiros, según las investigaciones ordenado por el alcalde de Iguala, que sufrieron los jóvenes desaparecidos a manos de policías. Seis personas murieron, tres de ellas estudiantes.
Los policías entregaron los 43 sobrevivientes al cártel Guerreros Unidos y, a partir de ahí, se les perdió el rastro, aunque la fiscalía anunció hace una semana que sicarios confesaron que los asesinaron, quemaron sus cadáveres en un basurero y lanzaron sus restos a un río.
– Demandas «incumplibles» –
Padres de los desaparecidos y estudiantes, que rechazan la versión oficial, emprendieron el jueves tres caravanas por distintas regiones de México para exigir al presionado Peña Nieto que siga buscando a sus hijos, quienes, según ellos, están secuestrados por policías de Iguala fugitivos.
«Vivos se los llevaron, vivos los queremos», es su consigna.
«¿Qué tiene que pasar más para que el gobierno nos vuelva a ver? Aquí en Guerrero matan a quien sea y no pasa nada», dijo a la AFP Pedro Díaz mientras miraba pasar la marcha en su pequeño restaurante de Chilpancingo, a 275 km de Ciudad de México.
Las manifestaciones por este crimen, que Human Rights Watch califica como uno de los peores de la historia reciente de América Latina, tuvieron un tenso episodio en Ciudad de México hace una semana.
Pero se han focalizado en Guerrero, uno de los estados más pobres y conflictivos, donde los maestros ya mantuvieron por meses protestas contra una reforma educativa que trata de arrebatarles influencia.
Las manifestaciones también se han replicado en otros estados, como Michoacán, vecino de Guerrero, y Oaxaca (sur), donde este viernes 70.000 maestros pararon sus labores para participar en varias protestas, que incluyeron ó el bloqueo de accesos a ocho centros comerciales que participan en el fin de semana anual de rebajas promovido por el gobierno.
Y entre gritos de «¡Ayotzinapa vive!», miles de personas recibieron en San Cristóbal, Chipas, limítrofe con Guatemala, a una de las tres caravanas de los padres de los estudiantes.
«Los maestros sindicalizados se aprovechan de esta situación para volver a exigir condiciones de privilegio (…) Pero muchos de los auténticamente indignados creen que con violencia no se va a resolver el asunto», dijo a la AFP el analista político José Antonio Crespo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Tanto Peña Nieto, cuya gira actual a las cumbres de APEC y G20 irritó a los padres, como Washington, han llamado a la calma en Guerrero.
– Cadáver de sacerdote ugandés –
En medio de las tensiones, la fiscalía está a la espera de una posible identificación de restos humanos encontrados en el basurero y el río, enviados a un prestigioso laboratorio austriaco, y sigue tratando de recomponer el rompecabezas de la siniestra noche de Iguala.
El entonces alcalde José Luis Abarca, acusado junto con su esposa de trabajar para Guerreros Unidos, fue procesado el miércoles por el homicidio calificado de seis personas y tentativa de otros.
Este viernes también se conoció otro impactante ejemplo de la violencia que azota a Guerrero, una región en disputa por varios cárteles.
El sacerdote ugandés John Ssenyondo, misionero desde hace seis años en México, fue identificado como uno de los 13 cadáveres hallados en una fosa clandestina a más de 200 km de Iguala, informó la diócesis de Chilpancingo.
Ssenyondo fue raptado el 30 de abril cuando regresaba de celebrar una misa en una comunidad rural, según testigos.
