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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El pasado miércoles 29 se hizo público que el ex fiscal Raúl Melara adelanto en 2020 una investigación al entorno familiar presidencial.
Tal investigación habría reunido evidencia tangible no solo de las negociaciones que el actual gobierno habría celebrado con el terrorismo doméstico, pero además como por medio de argucias el ejecutivo se haría con más poder político, así como con mayor cantidad de recursos financieros públicos.
Tal investigación iría en la línea de la purga política que desde CAPRES se habrían ordenado para cooptar al estado salvadoreño con elementos partidarios, el pasado 1º de mayo, cuando la bancada oficial y sus rémoras desplazaron ilegalmente a la Sala de lo Constitucional, como al fiscal general, continuando luego con dos centenares de jueces a los que se cesó del cargo por supuesta corrupción, que nunca fuera demostrada.
Tales movimientos, al contrario del discurso presidencial, no ha vuelto al estado más eficiente, pues como es costumbre en estos casos, la nueva administración retira a los elementos de anteriores administraciones para sustituirlos por militantes propios, sin más carta de presentación que el ser miembros del partido gobernante, llenando de grasa al estado mientras se lo vuelve menos eficiente.
Y es que más allá del grandilocuente discurso que habla de grandes logros de la presente administración, como un mayor crecimiento del PIB, así como mayor seguridad pública, lo cierto es que ni hay más generación de infraestructura que la ya contratada por la administración pasada, ni el crecimiento del PIB se ve reflejado en empleos o prosperidad para el soberano, cuya economía se ve afligida por el incremento desmesurado del coste de vida, como la inseguridad rebasa al tal discurso, que no puede ya ocultar las cifras de desaparecidos que se incrementa día a día en la presente gestión. El hecho es que incluso hay naciones que advierten a sus ciudadanos abstenerse de viajar a nuestro país en razón de la imperante inseguridad [EU], dejando entrever que la reinante impunidad es otro de los beneficios de la negociación con las pandillas referida en el informe del anterior fiscal general.
Luego entonces la evidencia apunta a que la influencia de los hermanos del ejecutivo, sin ser funcionarios, aparentemente están por encima del pleno legislativo y ministerial, quienes se reducen solo a ratificar, sin debate ninguno ni argumentación técnica, los mandatos desprendidos de aquellos a través del ejecutivo.
Ahora bien, el saqueo innegable que esta administración hace de los activos públicos, intentando encubrirlos por decreto al negar el acceso del soberano a los informes sobre estos [“pues impido legalmente cualquier investigación financiera cuando oculto un ilícito”], solo constituye una confirmación de lo alegado en el informe que ahora es público, y que ratifica lo evidente: esta no solo es una administración latrocida y corrupta, esta también ligada al crimen organizado.
Así las cosas, resta entonces que el ejecutivo admita la debida auditoria de los activos que administra, para despejar cualquier duda, o continuar la mascarada, en cuyo caso seremos el soberano quien asumirá el debido correctivo.
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