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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) expuso que rechaza tajantemente las “denuncias malintencionadas y sin fundamentos de una empresa agroindustrial respecto al supuesto incumplimiento del Convenio para la Siembra y Comercialización de Maíz Blanco” que presiona por la obtención de un privilegio privado de exoneraciones para la importación del producto.
“El convenio es un acuerdo entre privados -sector industrial y asociaciones de productores de maíz-, no un decreto legislativo. Al suscribir dicho convenio, el MAG funge únicamente como testigo de honor; y según con las atribuciones establecidas en su cláusula 15, le corresponde específicamente el rol de facilitador y coordinador de la Comisión de Supervisión del Convenio, y no de ente decisor de los acuerdos de comercialización”, detalló la cartera estatal.
Señaló que la obligación de llegar a un acuerdo de precios es de la industria y de los productores. En este aspecto en particular, el MAG cumple la función de monitorear precios en distintas plazas de todo el país, los cuales pone a disposición, como insumo de referencia en la negociación entre las partes.
Los productores exponen que el problema se debe al no establecimiento y la variabilidad del precio del grano, al no cumplir el sector industrial la cláusula 21 que establece que por cada quintal de maíz que compren a los productores, las empresas tienen derecho a un contingente denominado “contingente de desabastecimiento del 4 a 1”.
El ministerio reiteró, respetando el marco de lo establecido en el documento mencionado, que determina la apertura de un Contingente de Desabastecimiento, durante los últimos nueve años, ha aplicado la distribución con base en dos requerimientos: demanda y generación de efecto positivo al desabastecimiento. Este último factor fue el que impulsó la reciente apertura de un contingente por 35 mil toneladas métricas, ante los efectos en las siembras de maíz por la situación de sequía en los meses de junio y julio de este año.
“Antes de 2009, la distribución de los contingentes se realizaba entre 3 o 4 entidades empresariales que forman parte del convenio; mientras que ahora se distribuye entre 12 agentes económicos, acción que genera racionalidad, transparencia y distribución estratégica del contingente para evitar desabastecimiento y la especulación en los precios de venta al consumidor”, expuso.
Señaló que la apertura arbitraria de un nuevo contingente para beneficiar a la industria implicaría graves consecuencias para los productores de granos básicos en el país, ya que está por salir la cosecha del ciclo agrícola 2018/2019.
“De abrirse más contingentes, se produciría una pérdida directa para la mayoría de los productores nacionales de maíz.
Es solo en condiciones de sequía o perturbaciones del clima que afecten a la producción nacional, que el Gobierno analiza bajo parámetros técnicos la necesidad de abrir estos contingentes”, concluyó.
