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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, compareció ante los medios de comunicación para explicar el proceso a seguir en el caso de Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, acusado del delito de agresiones sexuales en perjuicio de una menor de 10 años.
El arresto del magistrado ocurrió en la colonia Alta Vista de Ilopango, después de que la madre de la víctima lo denunciara ante la policía. Se desconoce si el funcionario tiene alguna relación familiar con la víctima.
El titular del primer órgano de Estado afirmó que las autoridades policiales entregaron al magistrado a la custodia de la institución como lo detalla la ley, pero fue puesto en libertad posteriormente debido a que goza de fuero constitucional.
“En principio tomé la decisión de dejarlo en una especie de detención en la presidencia de la Asamblea, pero luego los asesores me dicen que no es conveniente por no tener condiciones para albergar a una persona, ni la constitución obliga a tenerlo detenido, no es competencia de este servidor expresar de lo que se le acusa al magistrado y lo hemos dejado en libertad”, dijo el legislador. Quijano manifestó que como Asamblea Legislativa esperarán la documentación de la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder al antejuicio según lo establecido en el reglamento interno de ese órgano de Estado. La legislación en mención plantea la creación de una Comisión Especial de Antejuicio y un fiscal del congreso salvadoreño. Juan Ernesto Criollo, asesor legal de la presidencia del órgano legislativo sostuvo que la liberación del magistrado responde al goce de fuero constitucional debido a lo cual no puede restringirse la libertad del funcionario. Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN, dijo que el primer órgano de Estado no cumplió a cabalidad con el debido proceso durante la detención del magistrado Escalante, ya que ningún miembro de Junta Directiva lo recibió, sino apoderados legales.
Bonilla consideró que el caso es de extrema gravedad debido al tipo de funcionario que cometió el delito y rechazó que se blinde a servidores públicos por medio de fueros constitucionales.
“Nadie debe tener fuero en este país, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, entonces, estamos hablando de un adefesio jurídico que se puede corregir con la opinión de los 84 diputados”, sostuvo el legislador.
Luego de liberar al funcionario de segundo grado, la Asamblea Legislativa queda a la espera de la documentación de la FGR para llevar a cabo el antejuicio y decidir a la luz de las pruebas si el caso se judicializa o no.
