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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
La empresa GCA Telecom S.A. de C.V., que el Ministerio de Hacienda tienen registrada a nombre del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime y su familia, habría defraudado al fisco la cantidad de 2 millones 791 mil 763 dólares en concepto del impuesto de $0.04 centavos por cada minuto de llamadas telefónicas provenientes del exterior no reportados.
“Como resultado de la auditoría realizada a la sociedad GCA Telecom S.A. de C.V., se determinó que no reportó minutos por la cantidad de 69, 794,097.81, los cuales debieron pagar el impuesto específico de cuatro centavos de dólar (USD $0.04) por minuto”, señala un documento de Hacienda en poder de Diario Co Latino.
Hacienda también señala en su informe que se utilizó una empresa fachada identificada como Avance Telecomunicaciones S.A. de C.V (AVANTEL), con lo que la empresa familiar del magistrado Jaime suscribió un supuesto “contrato de interconexión”, pretendiendo con ello “inducir a error a la Administración Tributaria”, ya que con esa figura se buscaba “trasladar la obligación tributaria y la responsabilidad como sujeto pasivo del impuesto”.
El informe de Hacienda revela que AVANTEL no cuenta con autorización de la Super Intendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) como concesionario de los servicios de telefonía ni tiene registrado el supuesto contrato firmado con GCA Telecom S.A. de C.V, a pesar de que es obligatorio hacerlo.
Los investigadores encontraron, además, que el supuesto contrato no registrado ante la SIGET aparece suscrito con fecha 15 de enero de 2014 dos meses antes que la Sala de lo Constitucional de la CSJ, de la que era parte Jaime, declarara inconstitucional el cobro de los $0.04 centavos a cada minuto de las llamadas desde el exterior, que fue emitida el 19 de marzo de ese año.
La investigación también arrojó que la dirección de la supuesta empresa era ficticia, y que sus dos socios identificados como Óscar Mauricio Mancía Reyes y María Eugenia Marroquín Aguirre, no se encontraron ni en sus lugares de residencia ni de trabajo.
“Esta acción motivada por la empresa GCA Telecom S.A. de C.V, de pretender justificar la existencia de AVANTEL S.A. de C.V, viene a reforzar de que el caso debe ser ventilado en el ámbito penal de parte de la FGR”, señala el informe al que tuvo acceso Diario Co Latino.
En su informe a la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda sostiene que GCA Telecom S.A. de C.V. “quiere evadir responsabilidades contraídas con el fisco presentando documentos, costos y demás falsos provenientes de una empresa cuya existencia no se ha podido demostrar”.
La deuda de la empresa de la familia del magistrado Jaime asciende a 5 millones 583 mil 527 al sumársele la multa que es equivalente al 100 por ciento de la evasión.
GCA Telecom S.A de C.V. también figura como uno de los principales clientes de la empresa I.P. Holdings S.A. de C.V, la cual, según el informe, no reportó al fisco 80, 320.104 minutos que equivalen a 3 millones 212 mil 804 dólares en impuestos no declarados. La suma total es de 6 millones 425 mil 608 dólares al agregársele la multa.
Fiscalía debería mostrar interés
La presidenta de la Asamblea Legislastiva, Lorena Peña, retomó ayer el tema que, según dijo, debería ser del interés del fiscal general.
“Supe que en la fiscalía hay una demanda contra una empresa de la familia y el mismo señor Belarmino Jaime por evasión de impuestos utilizando una empresa fantasma para evadir costos”, manifestó la parlamentaria.
“Son cosas que están ocurriendo en este momento y queremos saber si el fiscal nos va informar. Yo creí que iba a salir corriendo a tomarle foto a los papeles, pero no lo hizo, pero ojalá nos informe con detalle qué documentos presentaron, cuáles son esas empresas, la ciudadanía merece estar informada”, recalcó la diputada,
“Es una noticia para mí que también merece ser investigada, que cuál va a ser la respuesta que va dar el señor fiscal”, añadió la diputada efemelenista.
Peña afirmó que la cartera de Hacienda ha facilitado al Ministerio Público la información que se requiere para ayudar a fortalecer la investigación que podría implicar el cometimiento de un delito.
“El Ministerio de Hacienda ya envió todos esos papeles a la fiscalía porque la unidad penal considera que evadir impuestos con empresas fiscticias ya se cae creo, en falsedad material e ideológica”.
