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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, minimizó ayer el hecho de que en su elección y la de otros magistrados de esa sala votaron diputados suplentes al igual que en la aprobación de los $900 millones en bonos que fue declarada inconstitucional por dicho tribunal. “En nuestro caso no fue determinante como sí lo fue en el caso de los $900 millones”, justificó el magistrado.
González dijo que los diputados suplentes no fueron determinantes en su elección y la de otros magistrados de la Sala de lo Constitucional, como sí lo fueron en la aprobación de los $900 millones en bonos y por lo que la Asamblea cayó en vicio de procedimiento, dijo.
Afirmó el magistrado que tampoco fueron claves los diputados suplentes en otros más de 700 decretos aprobados por la Asamblea en los últimos años, aunque no confirmó si como Sala han verificado que en esos centenares de decretos los votos de los suplentes solo fueron relleno.
Por otro lado, los críticos de la Sala de lo Constitucional han señalado que estos magistrados no se aplican a sí mismos la figura de “vicio de procedimiento” tras recordar que tanto la elección de González como la de Belarmino Jaime fueron producto de una negociación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y no formaban parte de los listados originales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ni fueron seleccionados en las elecciones de abogados.
Integrantes del CNJ que fungieron en tiempos que ambos magistrados fueron electos, aseguraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa que la elección de González y Jaime fueron ilegales y que ellos como miembros del Consejo de la Judicatura recibieron presiones para incorporarlos a un segundo listado presentado a la Asamblea. El artículo 186 en su inciso segundo establece que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en los términos que determinara la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador…”.
González argumentó que la decisión de dejar sin efecto la figura del diputado suplente en lugar de permitir que cumplieran el período legislativo 2015-2018, a diferencia de otros casos como el de los magistrados de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral ((TSE), responde a que falta mucho tiempo para que termine el periodo y además su destitución no genera acefalía en la Asamblea Legislativa.
También afirmó que la decisión de declarar la inconstitucionalidad de los legisladores suplentes tiene como antecedentes una resolución de hace seis años cuando la sala hizo una interpretación de una disposición constitucional donde dice que el voto debe ser libre y que este no se cumplía si al votante se le daba una bandera sin la posibilidad de escoger.
“Fue cuando por primera vez se obligó a la Asamblea a que hiciera los cambios pertinentes para adecuar el código electoral a la constitución y garantizar que el sufragio fuera libre y pasamos a la figura del voto por rostro que luego pasó a la figura del voto cruzado en las elecciones legislativas de 2015”, justificó durante entrevista en canal 33.
González argumentó que la Asamblea no incluyó rostros de diputados suplentes en las elecciones de 2015. La Asamblea alega que la Sala nunca les definió tal procedimiento en las sentencias relativas a diputados y corrían el riesgo que estos mismos magistrados les sancionaran con algún vicio de incostitucionalidad si los legisladores lo normaban.
El magistrado González también manifestó que en un año seis casos de enriquecimiento ilícito entre los que figuran auditorías a expresidentes y diputados, han sido concluidos por la sección de probidad de la Sala de lo Corte Suprema y recalcó que uno de los criterios utilizado han sido las publicaciones periodísticas.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, ha criticado la forma en que los magistrados de dicha sala han elegido a los exfuncionarios a quienes se les investiga su declaración de probidad, ya que han dejando por fuera a exfuncionarios que son figuras prominentes del partido ARENA, como la ex vicepresidenta y actual diputada, Ana Vilma de Escobar; el exalcalde capitalino y también legislador, Norman Quijano; la alcaldesa de Antiguo Cusatlán, Milagro Navas, y el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, entre otros. Por el contrario, según Funes, dichos magistrados han priorizado en funcionarios más recientes como el actual presidente Salvador Sánchez Cerén y varios diputados que integraron la comisión de sin tomar en cuenta que después de 10 años de haber dejado el cargo, los procesos por enriquecimiento ilícito caducan y que este sería el caso de exfuncionarios areneros.
