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Redacción Nacionales
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El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, dio a conocer una propuesta que contiene medidas y acciones administrativas para frenar la campaña anticipada, ya que actualmente quienes incumplen el Código Electoral (CE) por esta causa, reciben una sanción de hasta 50,000 colones o su equivalente en dólares.
“He venido insistiendo desde hace varios procesos electorales 2018, 2019 y 2021 en la necesidad de frenar la campaña electoral anticipada prohibida por el artículo 81 de la Constitución de la República, sin haber obtenido resultados favorables, ya sea debido a los procedimientos engorrosos establecidos en el Código Electoral, a las sanciones blandas que lejos de desalentar la comisión de infracciones, las incentivan y, sobre todo, debido a la ausencia de un mayor protagonismo de la autoridad electoral en la resolución de este problema”, reza el documento presentado.
Parte de la propuesta es incrementar el monto de las sanciones pecuniarias, que deben ser apegadas a las nuevas realidades y para que sirvan de elemento desmotivador en quienes pretendan vulnerar la ley electoral. En la actualidad la sanción máxima establecida en forma de multas con base en el artículo 245 del CE asciende a 50,000 colones o su equivalente en dólares. Esto significa que se pueden aplicar multas a infractores desde 1,000 colones, equivalente a $114.28 que no son suficiente paliativo para frenar una campaña electoral anticipada.
“Se propone en primer lugar que las sanciones del Código Electoral se establezcan en dólares y que la menor sanción en el caso de infracción por propaganda anticipada ascienda a la cantidad de 5,000 dólares y la máxima en caso extremo o reincidencia hasta de 50,000 dólares. Trascendiendo de las sanciones pecuniarias que se resuelven con el pago de la multa y tomando en consideración que algunos prefieren pagar la multa y continuar haciendo campaña ilegal, se plantea la incorporación de sanciones, como la no inscripción del postulante o inhabilitación del aspirante”, señala el documento de propuesta. El funcionario explicó que pidió nombrar una comisión de monitoreo de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, de los posibles casos que puedan considerarse propaganda electoral, los cuales deben definirse de acuerdo a los criterios del TSE. Asimismo, consideró necesario formar una “Comisión de Alto Nivel para el abordaje de los temas jurisdiccionales”, o encomendar a la comisión coordinadora de elecciones el tratamiento, estudio y posterior dictamen para elevar al conocimiento del Organismo Colegiado los casos de infracción a la ley o de propaganda electoral anticipada.
Una de las propuestas presentadas por Olivo es que, sea el TSE el encargado de la asignación y distribución de franjas publicitarias en los diferentes medios de comunicación, con el fin de evitar que los candidatos, dependiendo del financiamiento público o privado disponible, decidan a libre voluntad en donde publicitarse.
