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Carlos Sergio Avilés -magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia- electo para el período 2018-2027, manifestó que a raíz de las acciones impulsadas por la Asamblea Legislativa, le preocupa que en el país se aproxime el desmantelamiento de la independencia judicial.
“Me preocupa que nos estemos encaminando al desbaratamiento total de la independencia judicial y a la imposición de una forma de pensamiento único”, dijo Avilés a un medio digital. Asimismo, manifestó que si se logra una fusión entre los Órganos Ejecutivo y Judicial “sería el tiro de gracia a la República y a la Democracia”.
Avilés detalló que posterior a la destitución de funcionarios hecha por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, recibió llamadas de números desconocidos que no respondió, además, se contactó con él una persona que si conoce, quien le dijo que tenía una renuncia redactada para que la firmara, que debía hacerlo porque era lo que más le convenía.
“No me supo explicar a qué se refería con eso y me aclaró que él únicamente seguía directrices. Tampoco me dijo de quién. Claro, esto no se puede considerar una amenaza; sin embargo, de la casa de mis padres me han llamado en varias ocasiones para decirme que vehículos polarizados llegan a apostarse frente a su casa a diferentes horas. Se quedan un rato, nadie se baja y luego se van. ¿Mera casualidad? No se lo podría decir”, declaró el magistrado de la Sala de lo Constitucional.
Avilés externó su preocupación por lo que esta sucediendo en el país, ya que consideró que se está desarticulando todo el sistema interno de protección de derechos fundamentales, y eso es algo que afecta a todos los salvadoreños, ya que enfatizó en que cualquier persona se vuelve vulnerable frente a las actuaciones estatales.
En cuanto a las decisiones jurídicas tomadas por los magistrados impuestos por el Legislativo, Avilés indicó que la Sala de lo Constitucional a la que pertenece declaró inconstitucional el nombramiento, por lo tanto, las decisiones que tomen difícilmente podrán desplegar efectos jurídicos.
“Hay que estar claros en que la sentencia de inconstitucionalidad que dictamos desarrolló toda su eficacia jurídica, está vigente, y en un Estado de Derecho, o en un Estado Constitucional de Derecho, se cumple. Ahora, en un contexto de alteración del orden constitucional, lo que se ha generado es un riesgoso limbo jurídico, inconveniente para el país, pues resulta ser la receta perfecta para el desastre institucional de un Estado”, manifestó Avilés.
Asimismo, respondió a los señalamientos hechos por el presidente de la República y algunos funcionarios de su Gobierno, que acusaron a los magistrados de actuar contra la salud de los salvadoreños, al respecto comentó que bastaba con leer las resoluciones para darse cuenta de que esa acusación es sin fundamento.
El magistrado agregó que la Sala de lo Constitucional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y ello implica, entre otros aspectos, garantizar la supremacía de la norma constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, íntegramente.
Eso es lo que hicimos, y fundamentamos nuestras decisiones en el orden del Derecho; se dijo: no puede la tutela de un derecho fundamental afectar desproporcionadamente el ejercicio de los otros derechos.
Previo a la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, los magistrados de la CSJ externaron preocupación por lo que pudiera pasar, Avilés manifestó que estaban seguros de que desde los otros Órganos de Estado se impulsarían acciones en contra del Órgano Judicial, pero que en ningún momento consideraron que se ejecutarían acciones violentando la Constitución e irrespetando el ordenamiento jurídico.
Avilés enfatizó en que si se pierde la independencia judicial y con sus decisiones este Órgano se pone al servicio del Legislativo y el Ejecutivo no solo se acabarían las garantías constitucionales, sino que también se acabaría la República y el sistema democrático.
