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La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que los recién nombrados magistrados de la institución contralora tomaron posesión de sus cargos dentro del organismo de dirección.
El nuevo organismo de dirección de la CCR fue electo y juramentado el pasado 20 de agosto; en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, los nuevos magistrados fueron electos por un período de tres años.
Roberto Antonio Anzora, presidente de la CCR, junto a la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona y el segundo magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño, se presentaron a tempranas horas a la sede central de la institución.
El recién nombrado presidente de la institución se desempeñó en el período 2017-2020 como segundo magistrado, mientras que la primera magistrada fue reelecta en el cargo.
Anzora Quiroz declaró que como máximas autoridades trabajarán en la construcción de una institución sólida, con competencias técnicas que permita mejorar la administración pública y, por ende, la calidad de vida de los salvadoreños.
“Asumimos un reto y compromiso grande en la lucha por combatir la corrupción, fiscalizando que la lucha porque el uso de los fondos públicos se haga de manera eficiente y eficaz, y que los mismos deben ser traducidos en beneficios de salud, educación y vivienda digna hacia la población salvadoreña”, enfatizó Martínez Barahona.
De igual forma, Bendek Panameño reiteró la responsabilidad de trabajar en equipo para el cumplimiento del mandato constitucional a la CCR, con independencia, porque el país necesita instituciones sólidas que estén a la altura de los desafíos.
El proceso de elección que desarrolló la Asamblea Legislativa para el nombramiento de los magistrados de la CCR fue criticado por organizaciones sociales, que exigían, entre otras cosas, seleccionar a personas idóneas para el cargo.
En su momento, las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas de la República (OCCCR) y la Mesa Técnica para el fortalecimiento de la Corte de Cuentas lamentaron la “falta de rigor” con que se condujo el proceso de elección de magistrados de la CCR.
Dichas organizaciones presentaron al Legislativo un baremo que contenía una serie de criterios y ponderaciones enfocadas en volver más objetivo el proceso de evaluación de la idoneidad y la competencia de cada candidato respecto del resto de aspirantes al cargo, así como una lista de preguntas sugeridas para conocer con mayor profundidad el perfil de los candidatos que comparecieron a las entrevistas realizadas por la subcomisión Política.
Sin embargo, lamentaron que los legisladores declinaron utilizar los criterios de evaluación propuestos desde la sociedad civil.
