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@arpassv
La reunión privada de los magistrados de la Sala Constitucional con los propietarios y directores de los grandes medios conservadores, realizada la semana pasada en un local del Grupo Poma, es una confirmación de su afinidad y servicio con la derecha oligárquica. Es una prueba y una confesión, es “darse color” y quitarse la máscara.
Y, por si todavía quedaba alguna duda, el magistrado Florentín Meléndez lo confirmó en forma contundente. Consultado sobre los motivos de la reunión por periodistas de medios que no fueron invitados, el magistrado respondió: “quienes dirigimos el país debemos dialogar”.
Es decir, Meléndez afirma que quienes dirigen el país son: el Grupo Poma (anfitrión de la reunión), los dueños y directores de los grandes medios (TCS, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y otros asistentes a la reunión) y -desde luego- cuatro magistrados de la Sala Constitucional (Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez).
El desenmascaramiento de la Sala y la confirmación de Florentín Meléndez sobre su carácter oligárquico, constituye una clarificadora lección política para los sectores que aún creían que la Sala actuaba independiente de las élites empresariales y no tenía agenda desestabilizara contra el gobierno.
La reunión de los magistrados con sus aliados empresariales y mediáticos también expresa su temor por la presión social que busca su renuncia o destitución. Meléndez y compañía “la ven venir”: saben que aumentarán acciones legales y movilizaciones ciudadanas orientadas a detener sus abusos, desestabilización y sabotaje a los esfuerzos de solución a los problemas del país.
Ayer varias organizaciones populares se concentraron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia para exigir la renuncia de los magistrados de la Sala. Al mismo tiempo, un grupo de abogados presentó en la Fiscalía demandas contra Belarmino Jaime y Sidney Blanco por actos arbitrarios.
Mientras los cuatros magistrados no renuncian ni la Asamblea Legislativa los destituye, las organizaciones presionarán para que el “inexistente” presidente de la Corte, Armando Pineda Navas, tome la conducción de la Sala Constitucional y convoque a los magistrados suplentes para resolver las demandas pendientes.
Una de estas demandas pendientes es la que impugna la elección de Belarmino Jaime y Rodolfo González. El nombramiento de estos magistrados es ilegal porque ellos no estaban en las listas originales de candidatos del Consejo Nacional de la Judicatura ni del gremio de abogados, únicas instancias que pueden proponer a la Asamblea Legislativa candidatos a magistrados.
