Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@BeatrizCoLatino
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitirán a más tardar esta semana la sentencia definitiva en la demanda presentada en contra del Decreto Ejecutivo, buy cialis que permite que los funcionarios públicos participen en actividades político partidaristas, hospital del proceso de elección presidencial de 2014.
La Sala, cheap hace unos días, emitió medidas cautelares que prohibían la participación de funcionarios en actividades proselitistas, ante la admisión de la demanda, pero la semana pasada publicó una ampliación de la misma, que indica la prohibición abarcaba alcaldes, diputados, presidente de la república y ministros. Incluso, en uno de los apartados señalaron que el hecho de pedir permiso o licencia para participar en actividades partidarias políticas era un “fraude a la constitución”.
Ayer, los magistrados del bloque de lo Constitucional aseguraron que tras el informe presentado por el fiscal Luis Martínez están listos para emitir sentencia definitiva.
“Nosotros esperamos que esta semana podamos pronunciar la sentencia definitiva para que se vaya dando más certeza del tema, hemos ido intentando clarificar el alcance de 218 de la Constitución, hay quienes lo han entendido y otros dicen que están pendientes de que se aclaren más”, explicó Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional.
González sostuvo que la medida cautelar no “va en el sentido de afectar derechos políticos, libertad de expresión, ni ningún derecho fundamental de nadie”, como lo han denunciado algunos juristas o el mismo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, que de analizar si tal medida no violenta esos derechos.
“Los alcances de la libertad de expresión que tiene un funcionario o empleado público no puede llegar al punto de violentar otra parte de la Constitución”, amenazó González.
El magistrado agregó que “no se puede ejercer libertad de expresión de manera que lesione el honor de otra persona, ya que es un derecho absoluto”. Aclaró que en la resolución y las medidas cautelares “nadie ha dicho en ningún momento que los funcionarios o empleados no tienen derecho de asociación o de participación política o libertad de expresión”. “Lo que hemos dicho es que la Constitución es clara, en cuanto establece que los funcionarios están al servicio del Estado y no puede prevalerse del cargo, en la sentencia definitiva que vamos emitir se está trabajando en aclarar eso”, acotó el magistrado.
Mientras que el presidente en funciones y magistrado de la Sala, Florentín Meléndez, insistió que no se violenta ningún derecho con la medida y lo único que se busca es que prevalezca lo ordenado por el artículo 218 de la Constitución.
“Los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política”, advirtió.
“Nadie puede valerse para hacer política partidaria. No hicimos otra cosa más que interpretar lo que dice la Constitución”, aclaró ante las dudas.
Meléndez adelantó, además, que en la sentencia definitiva se delimitará lo que implica “prevalecerse del cargo para realizar política partidaria”
Asimismo, los magistrados coincidieron que los funcionarios y empleados deben de cumplir con tal decisión y no atacar el llamado al desacato. “Nadie está fuera del control constitucional, ni el presidente de la República, ni los diputados, ni los magistrados”, sentenció el magistrado presidente.
Asimismo, recordaron que hasta la fecha no han hecho una evaluación del cumplimiento de la medida cautelar, ya que han recalcado que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que debe hacerlo.
“Hemos dicho que la aplicación en cada caso en concreto no es nuestra, es del TSE, estará haciendo su trabajo”, señaló González.
Para los Constitucionales, el TSE es el que debe de aplicar las sanciones, en especial la que habla de una destitución o remoción del cargo.
Asimismo, dejaron claro que será hasta después de la segunda vuelta de elección presidencial, que retomarán el análisis de las demandas aceptadas en contra de la candidatura de Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano.
Los magistrados argumentan que no existe tiempo para salir con tales resoluciones antes del proceso de elección y que mantendrán la postura de no entorpecer el proceso. Ambos funcionarios asistieron ayer al informe de labores de la CSJ en el período de 2013.
