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@JoakinSalazar
La Abogada y jurista, María Silvia Guillén, manifestó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional han tenido un acto de soberbia, al destituir al Magistrado del TSE, Ulises Rivas y no resolver la recusación en contra de los magistrados.
Ayer, el abogado, Jesús Ulises Rivas Sánchez, Magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue inhabilitado de su cargo, como medida cautelar, luego que los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieran la recusación, interpuesta por el abogado.
“Los magistrados de la Sala de lo Constitucional debieron primero resolver la recusación del magistrado Rivas”, dijo Guillén. No obstante, los magistrados admitieron y resolvieron separar al magistrado propietario del TSE.
La abogada aseguró que los magistrados de la Sala han venido a reformar la Constitución de la República a través de las sentencias, dado que la Sala han llevado sus resoluciones hasta lo “absurdo”, por lo que el pueblo salvadoreño debe poner atención al papel que esta realiza.
“Ellos (los magistrados) están partiendo de sus criterios jurisprudenciales, aquí se violenta gravemente, no solo el nombramiento, sino también el derecho ciudadano, el ser ciudadano trae derechos y obligaciones, mi derecho es tener una opción política, tener una ideología, si yo, para que pueda decir que tengo una ideología de derecha o izquierda, hubo más de 70 mil muertos en este país”, agregó.
Guillén aseguró que la Sala de lo Constitucional busca debilitar todo el aspecto económico del Gobierno, con la manera de que este no pueda cumplir su cometido.
La Resolución de los Magistrados establece que: “A partir de esta fecha (viernes 24) el abogado Jesús Ulises Rivas Sánchez queda suspendido en el ejercicio del cargo de Magistrado Propietario del TSE; en consecuencia, no podrá́ continuar ejerciendo ninguna de las atribuciones que conforme a la Constitución y a las leyes corresponde; Colegiado deberá llamar al suplente respectivo, de conformidad con la ley”.
No obstante, los magistrados no se inhabilitaron, tal como solicitaba Rivas Sánchez, como respuesta a la recusación, la cual será resuelta después, y es que a juicio del demandado, los magistrados actúan en acción de venganza, por señalamientos realizados por él, años atrás.
“La sola interposición de su petición no produce el efecto de inhibir del conocimiento o intervención a los magistrados a quienes se refiere, de modo que mientras se decide sobre el mérito de su solicitud, el tribunal, con la integración actual, continúa plenamente habilitado para emitir resoluciones en el presente proceso”, estableció la Sala, integrada por los suplentes.
Rivas Sánchez mantiene un proceso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, por la supuesta transgresión, al considerar que la Asamblea Legislativa no cumplió́ con la obligación de documentar y constatar la vinculación formal y material del abogado con el partido político Frente Farabundo Martí́ para la Liberación Nacional (FMLN).
En razón de esto, la Sala de lo Constitucional debe emitir medidas cautelares para presuntamente lograr la mayor eficacia posible de su cometido, esto es, asegurar la regularidad constitucional, procurando la tutela, tanto del interés público como del interés de los particulares.
La decisión de la medida cautelar es de acuerdo a la resolución para no poner en riesgo la independencia e imparcialidad del TSE, dado que “se agrava más cuando el magistrado Rivas Sánchez continúa sosteniendo de manera pública y notoria, el apoyo que en su momento dio a la fórmula presidencial propuesta por un partido político”.
La permanencia, en el órgano decisor que debe fungir como árbitro independiente e imparcial de los procesos electorales, de una persona que efectúa reiteradas manifestaciones públicas de apoyo a un partido político puede afectar la objetividad que sostiene la indispensable confianza de los ciudadanos en este importante órgano del Estado, dictamina la Sala.
Ayer, el Magistrado del TSE, aseguró que cualquier decisión en su contra afectaría directamente el equilibrio dentro del Colegiado, puesto, que a su juicio es una nueva forma para fraguar un fraude electoral, en las próximas elecciones, a realizarse en marzo del 2018.
Finalmente, el magistrado cesado informó que interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia, contra la Sala de lo Constitucional, por lo que se le ha concedido audiencia para el próximo 20 de marzo; al considerar que se le violenta sus derechos fundamentales.
