César Ramírez
@caralvasalvador
El Gobierno de turno pide la supresión de más de 736 plazas de cinco secretarías eliminadas, lo cual significa un número de personas afectadas directa o indirectamente de cuatro mil: entre padres, esposas, hijos, familiares etc. es conocida la ilegalidad de este procedimiento puesto que es una acción que corresponde a la Asamblea Legislativa; además genera iniciativas de los afectados por una conducta inconstitucional.
Las personas afectadas por un despido de esta naturaleza, generado por un Twitter tampoco es un procedimiento aceptado por las normas establecidas en ningún gobierno anterior, ni en la Constitución de la República; las consecuencias de ello son degradaciones morales, humillación, además de un show mediático que termina demonizando a los ciudadanos que no tienen defensa alguna; es una variante de criminalizar a cualquier persona considerada miembro del FMLN o sus familiares ¿mañana sucederá contra cualquier opositor político? estas acciones son un peligro para la democracia en general, puesto que la Constitución permite la libre filiación a institutos políticos, de otra manera daña los derechos ciudadanos.
Las personas afectadas del twitter del 2 de junio 2019 disolviendo las secretarías gubernamentales, sufren un efecto permanente de incertidumbre, desmoralización e intemperie en este modelo social, su descalificación ha sido publica; el día 08JUL019 en Asamblea Legislativa los trabajadores afectados afirmaron: “no se hizo el estudio técnico para verificar que nuestras plazas eran innecesarias. La Secretaría de Inclusión Social, que antes era Secretaría de la Familia, tenía más de treinta años de funcionar”, además en su intervención Crista Saravia representante del Sindicato de Trabajadores de Presidencia expresa: “solo en la unidad de Asistencia Alimenticia se suprimen 120 plazas, en lo del programa Ciudad Mujer. Son en su mayoría mujeres las que se deja sin trabajo”.
Algo parecido acontece en las acciones del plan de seguridad impulsado recientemente, el cual afecta los procedimientos jurídicos de los jueces, generando un retraso en la aplicación de justicia, etc. algunos abogados han expresado su temor ante la ilegalidad de estas acciones. Ahora ¿los jueces podrán afirmar? “prefiero cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel”; en realidad los ciudadanos deseamos: “ni un inocente en la cárcel, ni un culpable en la calle”; en conclusión, la justicia no debe aplicar la Ley a su favor si ello continúa es la ruptura del contrato social.
Mal inicio de gobierno y mal terminará, si continúan los procedimientos inconstitucionales e ilegalidades de administración de justicia.
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